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BAJO LA SOMBRA DEL GATILLO FÁCIL: CAEN LOS MELLOS. CRECE LA ALARMA POR POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS

 


La creciente desconfianza hacia los procedimientos de las fuerzas de seguridad ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos y de la sociedad civil. Frente al aumento de operativos policiales que concluyen en desenlaces fatales bajo confusas circunstancias, surge la preocupante interrogante sobre si el Estado está amparando, de forma implícita, una política de «justicia por mano propia» o ejecuciones extrajudiciales que vulneran de manera flagrante los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

La desesperación de la ciudadanía ante este panorama quedó evidenciada esta misma semana en Barahona, donde un grupo de abogados optó por entregar de manera pública al joven conocido como Axel a través de la periodista de investigación Nuria Piera. La decisión de recurrir a los medios de comunicación en lugar de acudir directamente a un cuartel responde al temor manifiesto de sus comunitarios y representantes legales de que el joven fuera ajusticiado o «eliminado» tras su detención.


A este clima de tensión se suma la tragedia registrada este miércoles en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este. Durante un sangriento operativo policial cayeron abatidos los adolescentes conocidos como «Los Mellos de Mendoza», identificados como los hermanos Omar Randi y Randi Omar Bonge. El suceso ha desatado la indignación de sus parientes, quienes exigen una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer la verdad de los hechos.

Axel entregado Barahona. 


Entre lágrimas e impotencia, Leidy Jiménez, abuela de los menores, denunció que los agentes policiales irrumpieron abruptamente en la vivienda familiar y abrieron fuego de manera indiscriminada, realizando múltiples disparos. Por su parte, en medio del profundo dolor que embarga a la familia, una de sus parientes expresó su indignación exclamando la frase: «El que a hierro mata, a hierro muere», manifestando que, si bien los jóvenes tenían cuentas pendientes, correspondía a la justicia divina y a los tribunales juzgar sus acciones, no a un ajusticiamiento sumario en el suelo de su propio hogar.


Este caso reaviva el debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza letal y el respeto al debido proceso. Cuando la entrega de un perseguido requiere la presencia de las cámaras para garantizar la vida, y cuando las comunidades denuncian irrupciones violentas dentro de las viviendas, el Estado queda en la obligación urgente de transparentar sus actuaciones y demostrar que la ley aplica por igual para todos.


BAJO LA SOMBRA DEL GATILLO FÁCIL: CAEN LOS MELLOS. CRECE LA ALARMA POR POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS
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