Cae “Bebeco” en Cienfuegos tras alegado enfrentamiento con la Policía; caso reaviva debate sobre el Estado de Derecho y muertes a manos del orden

Según el informe preliminar presentado por la Policía Nacional, Aracena Castillo, contra quien pesaban al menos siete órdenes de arresto por diversos delitos, fue localizado en la referida barriada por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). La versión oficial señala que el imputado percató la presencia de la patrulla y abrió fuego, lo que obligó a los agentes a repeler la agresión, resultando este gravemente herido y falleciendo posteriormente mientras recibía atención médica en un centro de salud.  

La tensión entre la persecución del delito y el Estado de Derecho.

La muerte de alias “Bebeco” no ocurre de manera aislada. En las últimas semanas, la República Dominicana ha registrado más de una veintena de fallecimientos de presuntos delincuentes bajo la misma circunstancia de "enfrentamientos armados" con fuerzas del orden, una tendencia que ha encendido las alarmas entre juristas, defensores de los derechos humanos y diversos sectores de la sociedad civil.  

Desde la perspectiva del Estado de Derecho, pilar fundamental de la Constitución dominicana, la función de las instituciones de seguridad es la persecución y sometimiento del imputado ante los tribunales para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Si bien el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad es legítimo en situaciones extremas de legítima defensa para neutralizar una amenaza inminente, el ordenamiento jurídico exige que cada actuación sea proporcional, necesaria y estrictamente apegada a la ley.

Exigen investigar cada caso para frenar dudas de "ejecuciones"

El incremento sostenido de civiles caídos a manos de agentes del orden ha llevado al Defensor del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y al propio Ministerio Público a reiterar la imperiosa necesidad de que cada hecho sea investigado de manera exhaustiva e independiente.

Especialistas en derecho constitucional advierten que la proliferación desmedida de muertes en presuntos tiroteos corroe la confianza en las instituciones y vulnera la estructura del sistema judicial. Por ello, exigen que no se asuma la versión preliminar de la Policía como una verdad concluyente, sino que se realice la reconstrucción de la escena, análisis balísticos y peritajes forenses para determinar si la fuerza empleada fue proporcionada o si se incurrió en ejecuciones extrajudiciales que deban ser sancionadas penaltis.

Las autoridades competentes han sostenido que las investigaciones de este y otros casos similares continúan abiertas conforme a los protocolos establecidos, mientras la ciudadanía demanda un equilibrio efectivo entre la firmeza contra el crimen y el respeto irrestricto a la vida y la legalidad.