Fundación Visión Integral solicita al Gobierno compensar tiempo faltante para pensiones de servidores públicos mayores de 65 años.
FUNDAVIC explicó que existen numerosos casos de personas con más de 65 años de edad que trabajaron durante décadas en instituciones del Estado y que les resta menos de un año de servicio para alcanzar el tiempo exigido por ley. Sin embargo, debido a su avanzada edad y a las disposiciones que limitan nuevas contrataciones en el sector público, no tienen posibilidad de completar ese tiempo, quedando desamparados y sin acceso a una pensión justa.
El presidente de la Fundación, Bill Peña, sostuvo que esta situación resulta contradictoria y discriminatoria, especialmente cuando se observa que el Estado otorga pensiones especiales de montos superiores a personas que nunca han laborado en el servicio público.
FUNDAVIC recordó que la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 60, establece el derecho a la seguridad social universal y progresiva, y que la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, garantiza protección a las personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad, así como el reconocimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado.
Asimismo, la Fundación exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a disponer una medida especial o decreto de compensación de tiempo que permita reconocer la dedicación y los años de servicio de estos ciudadanos, en cumplimiento del principio de justicia social consagrado en la Constitución (Artículo 7) y de la obligación del Estado de proteger la dignidad humana (Artículo 38).
“No es justo que dominicanos que entregaron su vida al servicio público queden sin una pensión por unos meses faltantes, mientras otros que nunca han servido al Estado reciben beneficios privilegiados. Solicitamos al Gobierno una solución humanitaria, justa y constitucional para estos casos”, expresó Bill Peña, presidente de FUNDAVIC.
La Fundación Visión Integral reiteró su compromiso con la defensa de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos dominicanos, en especial de los adultos mayores que han contribuido al desarrollo del país.

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