Para conseguir que Morales se habilitara entonces, pese a que la Constitución lo prohibía, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), logró una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual las reelecciones podían sucederse indefinidamente porque este era un “derecho humano”. Para ello, el Constitucional boliviano se basó en su propia interpretación de la Convención Americana o Pacto de San José. Ahora esta interpretación ha sido refutada por la Corte Interamericana, que es la encargada de dirimir las controversias sobre la Convención.
“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, señala la Opinión Consultiva 28/21. Esta fue solicitada por el presidente de Colombia, Iván Duque, en octubre de 2019, principalmente por lo que entonces sucedía en Bolivia. Sin embargo, Nicaragua y Honduras también se apoyaron en el Pacto de San José para ampliar la reelección de sus gobernantes.
El dictamen se justifica por la necesidad democrática de impedir que las mayorías se queden en el poder a costa de las minorías. “La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”, indica. Y considera que esta prohibición “busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder”.
Las decisión de la Corte Interamericana ha sido blanco de elogios y de ataques desde tres frentes del debate político boliviano. Evo Morales declaró que era “una opinión genérica (...) en ninguna parte del documento se menciona a Evo o a Bolivia”. Además, tuiteó que “la opinión consultiva promovida por Duque, el violador de derechos humanos en Colombia, es un ataque del golpista [Luis] Almagro y sus cómplices de la derecha para desestabilizar políticamente la democracia”. “Como nunca nos pudieron ganar en las urnas, usan a la Corte IDH para justificar sus derrotas”, añadió.
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