Ocurre un homicidio, el asesino dura prófugo 20 años, el Ministerio Público no puso en movimiento la acción penal; ¿Ese hecho prescribió?, ¿No puede el agresor ser condenado si es apresado 20 años después?

 

Yván Ariel Gómez Rubio, M.A.

Cuando ocurre un hecho de naturaleza penal el Ministerio Público, junto a la Policía, la DNCD, Las Fuerzas Armadas u otras agencias que tengan competencia para la investigación según la ley, están en el deber de iniciar inmediatamente las intervenciones necesarias para dar una respuesta eficiente y oportuna a la víctima o la sociedad.

La misma constitución en su artículo 169, le asigna al Ministerio Público, la responsabilidad de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

De ahí, que el Código Procesal Penal, en su artículo 30, define con un carácter obligatorio el ejercicio de la acción penal y la responsabilidad del ministerio público en perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.

Sin embargo, la misma ley pone condiciones y consecuencias a la inercia de la autoridad cuando deja vencer los plazos establecidos por la norma para perseguir, capturar y someter a la justicia a un individuo después de cometer un hecho.

Ahora bien, ¿Puede una persona quedar en un estado de incertidumbre después de cometer un hecho y estar prófugo eternamente?

Todo depende la actitud tomada por el Ministerio Público, después de la comisión de un hecho, es decir, si la autoridad investiga los hechos y presenta acusación, se declara la rebeldía del imputado se interrumpe la prescripción.

Sin embargo, y es lo que comúnmente ocurre, si el Ministerio Público, después de la comisión de un hecho de naturaleza penal solo se limita a la obtención de una orden de arresto esperando que el o los individuos sean capturados pueden exponerse a una prescripción con el tiempo.

Cuando esto pasa se corre con el riesgo de que se extinga la acción penal y se imponga la impunidad por un abandono en la persecución.

¿Qué es la extinción de la acción penal?

Es la consecuencia de la inercia de la autoridad competente que luego de concurrir circunstancias específicas a partir de la comisión de una infracción le quita al Estado el derecho de imponer una sanción penal.

El Código Procesal Penal, en sus artículos 44 y 45, delimita las causales que conllevan a un extinción o prescripción de la acción.

Articulo 44 La acción penal se extingue por:

 1) Muerte del imputado;

2) Prescripción;

3) Amnistía;

4) Abandono de la acusación, en las infracciones de acción privada;

5) Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública depende de aquella;

6) Aplicación del criterio de oportunidad, en la forma prevista por este código;

7) Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, sin que haya mediado revocación;

8) Muerte de la víctima en los casos de acción privada, salvo que la ya iniciada por ésta sea continuada por sus herederos, conforme lo previsto en este código;

 9) Resarcimiento integral del daño particular o social provocado, realizada antes del juicio, en infracciones contra la propiedad sin grave violencia sobre las personas, en infracciones culposas y en las con-travenciones, siempre que la víctima o el ministerio público lo admitan, según el caso;

 10) Conciliación;

11) Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;

12) Vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo;

13) Pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de infracciones sancionadas sólo con esa clase de penas.

La prescripción del inciso 2 del artículo precedente es fundamentado por los siguientes motivos y se encuentran en el artículo 45, cuando señalan que un hecho prescribe:

 1) Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres.

2) Al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto.

Existen en la normal otra forma de extinción de la acción penal en el artículo 281 del Código Procesal Penal, que serán analizada luego, ya que, este análisis tiene como punto de partida la extinción de la acción como consecuencia de la prescripción de los plazos.

La prescripción en materia penal, obedece al fenómeno uniformemente reconocido de la influencia del tiempo en las relaciones humanas, consiste en la cesación de la potestad represiva del Estado por el transcurso de un determinado espacio de tiempo, en ciertas condiciones, sin que el delito haya sido perseguido o sin que la pena haya sido ejecutada. En el primer caso se trata de la prescripción de la acción penal. Su fundamento hay que buscarlo “en la necesidad social de eliminar un estado de incertidumbre en las relaciones jurídico-penales entre el delincuente y el Estado” (Labatut Glena, 1990, pág. 297).

Desde el punto de vista de la tendencia a la seguridad Jurídica, la prescripción implica cesar la responsabilidad penal cuando el Estado no haya iniciado la acción dentro del marco de lo que establece la norma.

Un ejemplo sería partiendo de lo que señala el artículo 44 del Código Procesal Penal, es que la acción penal se extingue por:

1.    el vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres.

El sentido de estas disposiciones es que no se puede eternizar una persecución y debe existir una relación “jurídico-penal entre el delincuente y el Estado” (Labatut Glena, 1990, pág. 297).

El artículo 48 del Código Procesal Penal prevé seis causas de suspensión de la prescripción, a saber:

1. Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal la acción penal no puede ser promovida ni proseguida. Esta disposición no rige cuando el hecho no puede perseguirse por falta de la instancia privada;

 2. En las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso;

3. En las infracciones que constituyen atentados contra la Constitución y la libertad o relativas al sistema constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta su restablecimiento;

 4. Mientras dure en el extranjero el trámite de extradición.

5. Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad, o cuando se haya dictado la suspensión condicional del procedimiento y mientras dure la suspensión.

 6. Por la rebeldía del imputado.

La Suprema Corte de Justicia ha sentado criterios congruentes con respecto a la extinción. Señala que este plazo es una garantía vinculada al imputado con raigambre constitucional, no es técnicamente posible desconocer la Constitución para extender el poder del Estado de juzgar a personas, sin atener las actuaciones al plazo legal que se consagra en las normas de enjuiciamiento. En este sentido, el plazo máximo de la prescripción de un hecho penal es de 10 años.

Ahora bien, este mandato de la prescripción tiene excepciones, no todos los hechos prescriben y lo dice el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 49, el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. A estos efectos y a los del artículo 56, se consideran como tales aquellos contenidos en los tratados internacionales, sin importar la calificación jurídica que se les atribuya en las leyes nacionales.

Así mismo, y para los efectos de este análisis el artículo 49 del Código Procesal Penal, que fue modificado por la ley 10-15, plantea que serán también imprescriptibles los delitos que impliquen el atentado o pérdida de la vida humana, los casos de criminalidad organizada y cualquier otra infracción que los acuerdos internacionales suscritos por el país hayan establecido la obligación de perseguir. Es decir, que el homicidio y el asesinato que conllevan pérdida de la vida humana no tienen prescripción.

Ahora, sería bueno tener una interpretación en su momento de las altas Cortes incluyendo al Tribunal Constitucional, esto, debido a que muchos plantean que podría ser inconstitucional el hecho de qué haya un estado de incertidumbre y eternizaciòn de una persecución por tiempo indefinido contra un sujeto.

Fuentes:

https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/politicas_publicas/Estudio_sobre_las_causas_de_Extinci%C3%B3n_de_la_Acci%C3%B3n_Penal_en_el_Proceso_Penal_Dominicano.pdf

Constitución Dominicana

Código Procesal Penal Dominicano. 

Firma de abogados Gómez Rubio y asociados