A matar se ha dicho: Argentina legaliza el aborto.

 

Es ley. En Argentina, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo de forma legal, segura y gratuita en el sistema de salud. El Senado ha aprobado la madrugada de este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Ha enterrado así la ley vigente desde 1921, que lo consideraba un delito excepto en caso de violación o riesgo para la vida de la madre. En las calles, la marea verde feminista ha estallado de alegría. “Lo conquistamos. ¡Es ley!”, apareció escrito en todas las pantallas gigantes instaladas en el lado verde de la plaza frente al Congreso. Con aplausos, lágrimas y largos abrazos la multitud festejó el desenlace de una larga batalla.

Con la nueva legislación, Argentina vuelve a situarse a la vanguardia de los derechos sociales en América Latina. Desde este miércoles es el primer país grande de la región en permitir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y si quieren o no ser madres, como ya hicieron antes Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana francesa. En los demás, hay restricciones totales o parciales. La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados dos semanas atrás, contempla que las mujeres gestantes podrán acceder a un aborto legal hasta la semana 14 tras firmar un consentimiento por escrito. Estipula también un plazo máximo de 10 días entre la solicitud de interrupción del embarazo y su realización, con el fin de impedir maniobras que retrasen el aborto hasta evitarlo.

La presión de grupos religiosos y conservadores para mantener la criminalización del aborto ha sido muy fuerte, pero no ha sido suficiente para repetir el resultado de 2018, cuando el Senado rechazó el proyecto de ley. Aun así, se anticipa una fuerte ofensiva legal. En el país del papa Francisco, la Iglesia tiene aún mucho predicamento. No solo porque trabaja junto al Estado en la asistencia de los más pobres, a través de cientos de comedores. La cercanía de Francisco con el presidente Alberto Fernández es evidente, y la cuestión del aborto fue siempre un territorio incómodo de disputas. La plaza frente al Congreso fue evidencia de ello. Del lado celeste, donde se congregaban los grupos contrarios al aborto, sacerdotes celebraban misas ante altares improvisados y los manifestantes portaban cruces y rosarios, fotos de ecografías y un enorme feto de cartón ensangrentado.

A diferencia de la Cámara baja, donde se descontaba la aprobación, el resultado en el Senado, más conservador, era incierto. Pero ya desde el arranque la expectativa acompañó a los verdes. Los números estaban muy parejos y todo dependía de un puñado de indecisos, que enseguida pasaron de cinco a cuatro: un senador anticipó que votaría verde tras un retoque mínimo en el texto de la ley. Horas después, dos senadoras y dos senadores anunciaron también su voto positivo y elevaron a 38 los votos afirmativos, frente a 29 negativos. Los celestes, además, habían perdido dos votos antes de empezar: el del senador Carlos Menem, de 90 años, en coma inducido por una complicación renal; y el de exgobernador José Alperovich, en licencia hasta el 31 de diciembre por una denuncia de abuso sexual.

El triunfo del sí a la ley pronto quedó definido, antes incluso de la medianoche, cuando aún faltaban cuatro horas de discursos. “Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la universidad. No nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, declaró la senadora Silvia Sapag durante el debate, en una síntesis del tono de los discursos verdes.

Entre quienes se opusieron a la ley, muchos criticaron la oportunidad del debate, en mitad de la pandemia de la covid-19, y otros citaron argumentos religiosos, como María Belén Tapia: “Los ojos de Dios están mirando cada corazón en este lugar y pone en frente nuestra las condiciones para nuestra nación a partir de hoy. Bendición si valoramos la vida, maldición si escogemos matar inocentes. No lo digo yo, lo dice la Biblia por la que juré”.

En las provincias del norte del país, las más condicionadas por la Iglesia católica y los grupos evangélicos, la mayoría de legisladores se opuso. En la capital argentina y en la provincia de Buenos Aires, en cambio, casi todos los representantes respaldaron la legalización, cualquiera fuese su partido.

Durante 99 años, en Argentina fue legal interrumpir un embarazo en caso de violación o de riesgo para la vida o la salud de la madre. En el resto de supuestos, era un delito penado con la cárcel. Aun así, la criminalización no fue disuasoria: según estimaciones extraoficiales hasta medio millón de mujeres aborta en la clandestinidad cada año. En 2018, 38 mujeres fallecieron por complicaciones médicas derivadas de abortos inseguros. Cerca de 39.000 tuvieron que ser hospitalizadas por la misma causa.

“Obligar a una mujer a gestar es una violación de los derechos humanos”, afirmó la senadora oficialista Ana Claudia Almirón, de la norteña provincia de Corrientes. “Sin implementación de educación sexual integral, sin la provisión de anticonceptivos y sin protocolo de interrupción legal del embarazo, las gurisas [niñas] correntinas son obligadas a parir a los 10, 11, y 12 años”, denunció Almirón.

“En 2018 no logramos la ley, pero sí concienciar a la población sobre un problema: hoy hay mujeres que están abortando en condiciones de precariedad e insalubridad”, asegura Mariángeles Guerrero, integrante de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “El aborto dejó de ser un tema tabú que se hablaba por lo bajo y comenzó a ser un tema que debía ser debatido políticamente para garantizar condiciones seguras en las que realizar esos abortos”, agrega. En 1921, cuando se aprobó la ley vigente, Argentina estaba a la vanguardia regional en derechos hacia las mujeres, pero la falta de debates posteriores le hicieron perder la carrera. Ahora ha recuperado el terreno perdido.

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