15 años preso en la Victoria y unos días antes de salir el cov-19, le roba la libertad.


Luego de haber sobrevivido durante 15 años en el penal de La Victoria y mantener una conversación diaria por videollamadas de WhatsApp con su amor de juventud, Ramón Antonio Sánchez Vásquez no pudo recobrar la libertad. Mientras esperaba a que el juez de ejecución de la pena emitiera la orden para salir de prisión, fue reportado como la primera víctima mortal del COVID-19 en ese recinto carcelario.

Al momento de su fallecimiento, el Consejo del Poder Judicial había emitido la resolución 002-2020, mediante la cual se dispuso “suspender las labores administrativas y jurisdiccionales” del Poder Judicial y “los plazos procesales, registrales y administrativos para todos los organismos dependientes” del órgano, para reanudarse tres días hábiles después de haber cesado el estado de emergencia decretado por la actual pandemia.

La angustia, desesperación, gritos de impotencia y súplicas por una mejor condición de vida de los privados de libertad, circularon por las redes sociales y medios de comunicación, luego de que, a La Victoria, cárcel más poblada del país, llegara el coronavirus.

Las escenas pusieron en evidencia la manera en que el sistema judicial trata a cada hombre o mujer que es enviado a prisión en condición de preventivo o condenado.

Unas 16 personas murieron en las cárceles tradicionales por el COVID-19. Al cierre de esta edición no fue posible conseguir los datos del nuevo modelo penitenciario en el que hay 22 centros de corrección y rehabilitación.


De acuerdo con los datos reportados por la Procuraduría, a junio pasado unos 917 internos se habían contagiado con COVID-19.

Pero el caso de Sánchez Vásquez no es el único. Joel Batista Soto, quien llegó como preso preventivo a La Victoria, calificada como “cementerio de hombres vivos”, corrió con la misma suerte. Mientras esperaba a que se cumplieran los trámites administrativos para su puesta en libertad, falleció. Ambos murieron a principios de abril.

La negligencia y falta de atención a los privados de libertad durante la suspensión de las labores en los tribunales alcanzó el grado mayor, cuando estando bajo control de la Fiscalía del Distrito Nacional, en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, Alberto Derison vio consumarse su más grande temor: morir sin recibir atenciones médicas.

El privado de libertad había implorado a la jueza Lissa Veras, durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, que le permitiera recibir asistencia porque estaba enfermo. Ese pedimento no fue acogido y meses después fue encontrado sin vida en la celda donde cumplía la medida hasta tanto concluyera el estado de emergencia.

En un país donde hay más de 26,000 privados de libertad, de los cuales el 60 % es preso preventivo, entre el 16 de abril y 30 de junio, luego de los brotes de coronavirus y muertes reportadas en distintos centros penitenciarios, los jueces de ejecución de la pena acogieron 129 solicitudes de variación de modalidad de cumplimiento de pena, 305 órdenes de libertad condicional y 204 órdenes de libertad por cumplimiento de la pena.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos establece en el informe “Situación penitenciaria en la República Dominicana bajo la epidemia del COVID-19” que el 35 % de los más de 26,000 privados de libertad están presos por delitos menores, y que a estos se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmente en libertad con el fin de descongestionar los recintos.

Las muertes de reclusos por mal manejo de las autoridades no son las únicas cuestiones puestas en evidencia durante la emergencia creada por la crisis sanitaria generada por el SARS-CoV-2 en las cárceles, también los irreparables daños causados por la paralización de las actividades en los tribunales de la República.

Los plazos procesales fueron suspendidos y eso conlleva que el tiempo máximo de duración de la prisión durante la etapa preliminar de un proceso judicial, así como de las demás fases del proceso penal, se interrumpan, generando una situación perjudicial para todo imputado de un delito, consideran algunos abogados.

Para poder dar respuestas a cuestiones, y tratando de mantener algunos servicios al alcance de la población, el Poder Judicial habilitó una plataforma digital en donde abogados y miembros del Ministerio Público podían solicitar citas y hacer depósitos de documentos. Sin embargo, la disposición no ha dado los resultados esperados, de acuerdo a las experiencias explicadas por entes del sector para este reportaje.

De manera virtual se siguieron desarrollando audiencias de medida de coerción, extradición, suspensión o cumplimiento de pena, pero para el Colegio de Abogados de la República Dominicana, esto constituye una negación al acceso a la justicia y a la celeridad con la que se deben manejar los casos.

Diario Libre 

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