Videos: Presos preventivos de Barahona, entre el virus y desechos solidos.
La situación de las personas detenidas a la
espera de juicio es una cuestión que reviste especial interés. Su situación
difiere por completo de las personas que han sido condenadas por un delito. Los
preventivos aún no han sido declarados culpables de delito alguno y por
consiguiente son inocentes a los ojos de la ley.
La realidad es que a menudo son retenidas en
condiciones durísimas e inhumanas, que a veces suponen una afrenta para la dignidad
humana. En varios países, la mayoría de las personas encarceladas están
esperando a que se celebre su juicio.
Mientras tato viene el juicio, los presos
preventivos en Barahona, tienen una situación de vida precaria e indigna. Están pidiendo auxilio en medio de los desechos que ellos mismos producen, además del
que les llega de otras celdas.
Piden a gritos que sus procesos avancen porque
dicen que tienen meses en preventiva y siente que los procesos están estancados.
Estamos presos y abusando de nosotros. Cuando los procesos no avanzan es una forma de maltratos, señalan en un dos videos enviados a esta redacción.
Ver videos
https://www.youtube.com/watch?v=oZnuR4VLt6M
https://www.youtube.com/watch?v=rbryQbk_dTg&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=oZnuR4VLt6M
https://www.youtube.com/watch?v=rbryQbk_dTg&t=239s
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos entró en vigor en marzo de 1976. Actualmente tiene 149 Estados
Partes. En los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15, el Pacto detalla el
derecho a la vida; la prohibición de la tortura; la prohibición de la
esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso; la prohibición de la detención
o prisión arbitrarias; los derechos de todas las personas privadas de libertad;
la prohibición del encarcelamiento por incumplir una obligación contractual; el
derecho a un juicio imparcial, y la prohibición de las medidas penales
retroactivas. El Pacto es un instrumento con fuerza jurídica obligatoria que
debe ser respetado por los gobiernos y sus instituciones, incluidas las
autoridades penitenciarias. El Comité de Derechos Humanos, establecido en
virtud de lo dispuesto en el propio Pacto, es el encargado de vigilar su
cumplimiento.
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