Participación Ciudadana busca que el Tribunal Administrativo, anule concurso para fiscales.
La entidad no partidista de la sociedad civil depositó un escrito de intervención voluntaria en el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios fiscales el pasado febrero por ante el TSA, que procura la nulidad del concurso interno CIT-01-2020 del MP, mediante el cual se escogerían los titulares de procuradurías de cortes regionales, procuradurías especializadas, fiscalías y abogados del Estado.
“Solicitamos al TSA declarar nulo el concurso ya que el mismo viola principios fundamentales que rigen la Administración y es contrario a la Constitución dominicana, a la Ley No. 133-11 Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento de Carrera del Ministerio Público», señala.
Entre estas irregularidades señala que el concurso fue convocado sin previamente haberse establecido los escalafones correspondientes dentro del Ministerio Público y que, de acuerdo a la Ley, son indispensables previo a la designación de cualquier titular, movimiento de miembros y nombramiento de sustitutos.
Sostiene que sin el establecimiento de estos escalafones no se garantiza el respeto a la carrera de los miembros del Ministerio Público afectando el nombramiento de estos y «comprometiendo su independencia y seriedad.
El Consejo Nacional de PC, en un comunicado de prensa, indicó que el concurso también, fue realizado sin respeto al principio de debida publicidad, sin transparencia y con un censurable hermetismo, ya que ni los concursantes ni la ciudadanía en general pueden conocer quiénes fueron los aspirantes a los diferentes puestos.
“Asimismo, y como forma de procurar un nombramiento discrecional de los nuevos miembros, el concurso viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva al otorgarle mayor puntuación en el proceso de evaluación a las etapas más discrecionales del mismo, como son las entrevistas, en lugar de guiarse -en base al principio constitucional de la buena administración-, por las mejores prácticas que privilegian los méritos, competencias, la experiencia y trayectoria de los aspirantes. Las bases del concurso igualmente vulneran el debido proceso, entre otras cosas, al impedir que los concursantes puedan recurrir cualquier decisión en su contra”, agregaron.
Con su intervención, Participación Ciudadana busca que este proceso irregular sea declarado nulo y consecuentemente se frene el intento de secuestro y control del Ministerio Público que esta entidad ha venido denunciando.
En el recurso de intervención voluntaria ante el Tribunal Superior Administrativo contra el concurso interno de elección de miembros del Ministerio Público, Participación Ciudadana tiene como abogados apoderados a la Dra. Fabiola Medina Garnes, el Dr Jesús Francos Rodríguez y la Dra. Melissa Silié Ruiz.
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