La Procuraduría General de la República reaccionó al informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que cuestiona la sustitución de fiscales experimentados, precisando que el cambio a que hace referencia el documento concierne a fiscales del área de Trata.
En ese sentido, expuso que el único cambio importante de fiscales en la Procuraduría Especializada de Trata correspondió a su titular, “porque ya había vencido el tiempo establecido por la Ley Orgánica que rige al Ministerio Público”.
Puntualizó que el titular de esa Procuraduría concursó para dirigir la Procuraduría Regional de San Cristóbal, y que ganó la plaza a través de un concurso, por lo que “hoy ejerce sus funciones con mayor impacto regional, en beneficio del sistema de justicia”.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas fue creada en el año 2013 por el entonces procurador, Francisco Domínguez Brito, y fue designado al frente de esa dependencia el fiscal Jonathan Baró Gutiérrez. En el 2018 participó en un concurso de oposición, el cual ganó, por lo que pasó a dirigir la Procuraduría Regional de San Cristóbal.
En un comunicado emitido hoy, la Procuraduría General de la República valoró el informe presentado por el Departamento de Estado de los EEUU, porque entiende reconoce muchos de los importantes esfuerzos que realizan las autoridades del país, para perseguir el crimen de Trata de Personas.
La PGR indicó que trabaja más de cerca que nunca con la Embajada de los EEUU en el país, y que agradece el apoyo constante que ofrecen sus autoridades a la presente gestión, en la persona de su embajadora, Robin S. Bernstein.
Sin embargo, el Inspector General del Ministerio Publicó, Bolivar Sánchez Veloz, tiene más de 10 años en la posición, violando así la ley Orgánica del Ministerio Público que establece sólo un periodo de dos años prorrogables solo por 2 años más. Esto indica una contradicción debido a qué hay funcionarios entonces con privilegio que pueden durar más tiempo que otros en una posición aunque esté vencida.
Ley 133-11, Artículo 97. Inspectoría General del Ministerio Público.
La Inspectoría General del Ministerio Público es un órgano permanente encargado de investigar, de oficio o por denun- cia, las faltas atribuidas a miembros del Ministerio Público y presentar las acusaciones cuando corresponda. Estará a cargo de un Adjunto del Procurador General que provenga de la carrera quien fungirá como Inspector General designado por el Consejo Superior del Ministerio Público a propuesta del Procurador General de la República. Su mandato durará dos años y podrá serle renovado por un segundo y único período consecutivo.
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