Seguridad jurídica: saber a qué atenerse en la República Dominicana.

El Tribunal Constitucional dominicano explicó este principio en la Sentencia TC/0100/13, del 20 de junio de 2013. Según el criterio allí desarrollado, la seguridad jurídica es propia de todo Estado de derecho y sirve para que las personas puedan prever cómo actuarán los poderes públicos. También exige que las autoridades apliquen la ley de manera objetiva, sin decisiones caprichosas que perjudiquen a alguien.

Pensemos en un ejemplo sencillo. Una persona solicita y obtiene un permiso para construir una pequeña vivienda, después de cumplir los requisitos que establece la normativa. Si, meses más tarde, una autoridad cambia las condiciones de manera inesperada y pretende sancionarla por haber seguido las reglas vigentes cuando recibió el permiso, esa persona difícilmente podría planificar su vida con confianza. La seguridad jurídica exige que las decisiones públicas respeten las normas aplicables y que cualquier cambio tenga fundamento legal y se aplique con las garantías correspondientes.

Esto no significa que las leyes nunca puedan cambiar. Las sociedades evolucionan y el legislador puede aprobar nuevas reglas. Pero las personas deben poder conocerlas y entender cuándo comienzan a regir. La Constitución dominicana recoge una protección relacionada con este principio en su artículo 110, que establece, entre otras cosas, que la ley se aplica para el porvenir y que los poderes públicos no pueden alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

La seguridad jurídica también importa cuando los tribunales interpretan la ley. Si ante casos semejantes se ofrecen respuestas distintas, sin explicar por qué, se debilita la confianza en la justicia. Los criterios pueden evolucionar, pero los cambios deben estar razonados y ser comprensibles para quienes dependen de esas decisiones.

En definitiva, este principio no es una formalidad técnica. Protege la confianza legítima de las personas, limita la arbitrariedad y ayuda a que todos, ciudadanos, empresas e instituciones, puedan tomar decisiones con una idea razonable de las consecuencias. Un Estado de derecho no solo necesita leyes: necesita que sus autoridades las apliquen con coherencia, transparencia y respeto por las situaciones que la propia ley ha creado.

Referencia: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0100/13, 20 de junio de 2013; Constitución de la República Dominicana, artículo 110.