Justicia para Nafys Rivas: El TSA anula su destitución e impone el respeto al debido proceso

Por: Yván Ariel Gómez Rubio.

El trasfondo de una arbitrariedad.

La magistrada Nafys Ismaelina Rivas Matos, quien obtuvo su posición como Procuradora Fiscal Titular tras agotar y superar las fases del Concurso Interno de Oposición (CIT-01-2018), fue objeto de un proceso disciplinario matizado por serias inobservancias normativas.  

A pesar de que el propio Consejo Disciplinario del Ministerio Público había declarado extinguida la acción disciplinaria en mayo de 2021 (Resolución núm. CDMP-01-2021) debido al vencimiento del plazo legal para la presentación del pliego de cargos por parte de la Inspectoría General, el órgano disciplinario pretendió posteriormente revivir un proceso fenecido. Mediante la Resolución núm. CDMP-011-2025, dictada el 23 de julio de 2025, el Consejo Disciplinario dispuso su destitución e inhabilitación.  

Sin embargo, en el expediente no figuraba prueba ni sustento legal alguno que acreditara la revocación válida de la extinción previamente otorgada. Proseguir con una persecución disciplinaria en tales condiciones vulneró abiertamente los principios constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva.  

El fallo del Tribunal Superior Administrativo.

Analizados los hechos y ponderadas las violaciones a los derechos de la recurrente, los magistrados Mildred I. Hernández Grullón, Jacqueline Inmaculada Ramos Ureña e Ismael N. Ramírez Santana dictaron un fallo contundente y unánime:  

1. Nulidad absoluta: Se declaró la nulidad de la Resolución núm. CDMP-011-2025 del Consejo Disciplinario del Ministerio Público por violar el debido proceso administrativo.  

2. Reintegro inmediato: Se ordenó la restitución de la magistrada Nafys Ismaelina Rivas Matos en sus funciones de Procuradora Fiscal, conforme a lo dispuesto en la Resolución núm. CSMP-03-2025 del Consejo Superior del Ministerio Público.  

3. Rechazo a la exclusión: El tribunal mantuvo a la Inspectoría General del Ministerio Público dentro del proceso, al determinar su responsabilidad directa en el impulso extemporáneo e ilegal de la acusación.  

Un triunfo del Derecho sobre la arbitrariedad

El dictamen del TSA sienta un precedente crucial: las instituciones encargadas de administrar justicia y sancionar disciplinariamente son las primeras obligadas a cumplir de manera estricta con la ley y los plazos procesales. No es posible exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico vulnerándolo desde las entrañas del mismo órgano acusador.  

El restablecimiento de Nafys Rivas a sus funciones como Procuradora Fiscal no solo repara un daño individual a su carrera y dignidad profesional, sino que revalida el control jurisdiccional sobre los actos de la Administración Pública, recordando que en República Dominicana la ley está por encima del capricho institucional.