Cámara de Cuentas condiciona el acceso ciudadano a las auditorías públicas
El detonante: La auditoría blindada al Senado
El pasado jueves 27 de agosto, el órgano fiscalizador anunció la publicación de la auditoría financiera realizada al Senado de la República (período 2020-2024). Sin embargo, la divulgación resultó ser una ilusión: para descargar el documento completo, el sistema exige formularios, registro de correos electrónicos, claves de seguridad y validaciones digitales avanzadas.
La traba no es solo teórica. Diversos equipos periodísticos —entre ellos profesionales del periódico Acento— intentaron acceder al expediente del Senado, encontrándose de frente con una barrera del sistema:
"No tiene permisos suficientes para acceder a los archivos de esta categoría."
Mecanismos de restricción vs. Mandato legal
La imposición de credenciales para revisar el uso del dinero público contraviene directamente el espíritu de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la cual establece que los datos del Estado pertenecen a la ciudadanía y deben ser de acceso libre, oportuno y sin condicionamientos.
Un retroceso institucional en la rendición de cuentas
El problema de fondo no radica únicamente en una falla o diseño de la plataforma tecnológica, sino en la postura institucional que asume la CCRD. Al convertir la consulta de informes en un procedimiento asistido o condicionado:
Disuade el periodismo de investigación: Dificulta el análisis inmediato y simultáneo de los hallazgos por parte de la prensa.
Profundiza la brecha digital: Deja fuera del proceso de fiscalización a ciudadanos sin conectividad estable o destrezas informáticas.
Debilita la confianza pública: Genera suspicacia sobre si el órgano de control busca proteger la gestión de los entes auditados en lugar de exponer los hallazgos con rigor.
La transparencia pública no se administra como un privilegio ni como un favor concedido bajo clave. La Cámara de Cuentas está llamada a responder públicamente por qué un organismo constitucionalmente concebido para fiscalizar termina levantando barreras de entrada a los propios ciudadanos que financian su labor.
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