Tribunal envía a juicio a Walky Cuevas Charles y a la empresa W. Cuevas Autoimport por narcotráfico y lavado de activos

San Pedro de Macorís.El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra Cuevas Charles y la razón social W. Cuevas Autoimport, tras determinar que la acusación presentada por el Ministerio Público se encuentra sustentada en elementos de prueba legales, útiles, pertinentes y suficientes para justificar su conocimiento en un juicio de fondo.

La decisión está contenida en la Resolución núm. 341-2026-SRES-0024, dictada el 24 de junio de 2026 por la magistrada Andrea E. Corcino Cueto, jueza del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.

La acusación fue presentada por la magistrada **Ramona Nova Cabrera**, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con el procurador fiscal **José Manuel Calzado** y el **procurador general de Corte de Apelación Pedro Medina Quezada**, quienes actuaron en representación del Estado dominicano. El procurador fiscal **Luis Alberto García Hernández** brindó apoyo al equipo del Ministerio Público durante la litigación de la audiencia preliminar.

Durante el conocimiento de la audiencia, el equipo del Ministerio Público sostuvo la pertinencia de la acusación y solicitó que fueran admitidos los elementos de prueba testimoniales, documentales, periciales, procesales, materiales, financieros y digitales reunidos durante la investigación. Asimismo, requirió la apertura a juicio de los acusados y el mantenimiento de las medidas cautelares impuestas sobre sus activos.

Al ponderar la acusación y las objeciones formuladas por las defensas, la magistrada Andrea E. Corcino Cueto determinó que los hechos atribuidos a los acusados fueron descritos e individualizados de manera clara y detallada, con indicación de sus respectivos grados de participación y de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la imputación.

La jueza estableció que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, examinados de manera individual, conjunta y armónica, fueron obtenidos con observancia de las disposiciones procesales aplicables y guardan relación con el relato fáctico presentado en la acusación.

El tribunal también rechazó las solicitudes de exclusión de distintos elementos de prueba formuladas por las defensas, al considerar que estos cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad exigidos para su incorporación y discusión durante el juicio.

En su resolución, la jueza señaló que la determinación definitiva sobre la existencia y configuración de las infracciones atribuidas constituye una cuestión de fondo que deberá ser decidida por el tribunal de juicio, luego de la presentación, contradicción y valoración integral de las pruebas.

No obstante, la jurisdicción de la instrucción concluyó que la acusación posee fundamentos suficientes y que existe una causa probable que justifica el envío de los acusados a juicio oral.

Calificación jurídica admitida

Walky Cuevas Charles será juzgado por la presunta violación de diversas disposiciones de las leyes **50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas**, **155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo** y **72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves**.

Por su parte, la empresa **W. Cuevas Autoimport** fue enviada a juicio por la presunta violación de los artículos 2, numeral 26; 3, numerales 1 y 3; 8, y 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17.

La resolución también acreditó los elementos de prueba que serán presentados y debatidos durante el juicio, entre ellos declaraciones testimoniales, informes periciales, documentos financieros, actas de allanamiento, registros de vehículos, dispositivos electrónicos, objetos ocupados y otras actuaciones desarrolladas durante la investigación.

## Mantienen medidas personales y patrimoniales

El tribunal renovó las medidas de coerción impuestas a Walky Cuevas Charles, consistentes en **impedimento de salida del país y presentación periódica**, al considerar que estas continúan cumpliendo la finalidad de mantenerlo vinculado al proceso.

Igualmente, mantuvo las medidas cautelares de **secuestro, incautación, oposición a traspaso o entrega e inmovilización de fondos** que pesan sobre los activos de los acusados, hasta que el tribunal competente determine si procede o no su decomiso.

Las partes fueron intimadas a comparecer ante el **Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís**, jurisdicción que tendrá a su cargo la celebración del juicio.

## Valoración de la magistrada Ramona Nova Cabrera

La magistrada **Ramona Nova Cabrera** valoró la decisión como una confirmación de la solidez del trabajo desarrollado por el equipo del Ministerio Público y de la necesidad de que las imputaciones sean examinadas en un juicio oral, público y contradictorio.

> “Esta decisión reconoce que la acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con elementos de prueba suficientes para ser debatida ante el tribunal de juicio. El proceso permitirá demostrar, mediante pruebas obtenidas conforme a la ley, la responsabilidad penal atribuida a los acusados y procurar las sanciones y consecuencias patrimoniales correspondientes”, expresó la magistrada Nova Cabrera.

La titular interina destacó el trabajo realizado por el procurador fiscal **José Manuel Calzado** y el procurador general de Corte de Apelación **Pedro Medina Quezada** en la investigación y presentación de la acusación. También resaltó el apoyo ofrecido por el procurador fiscal **Luis Alberto García Hernández** durante la litigación de la audiencia preliminar, así como la labor de los investigadores, peritos y agentes que participaron en las distintas diligencias del proceso.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reiteró su compromiso de perseguir las estructuras criminales que procuran introducir, movilizar, ocultar o transformar recursos provenientes de actividades ilícitas, así como de promover el decomiso de los bienes vinculados a estas operaciones, con estricto respeto del debido proceso y de las garantías constitucionales.