TRIBUNAL IMPONE 18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA A INTEGRANTE DE RED DE NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS; CASO DECLARADO COMPLEJO.

El imputado Cordero Espinal había permanecido prófugo de la justicia por aproximadamente cuatro meses y veinticuatro días, contados desde el 18 de octubre de 2025, fecha en que se ejecutaron diecisiete allanamientos simultáneos en el marco de la investigación. Su arresto fue materializado el 12 de marzo de 2026, mediante la ejecución de la orden de allanamiento núm. 00937-2026, en un apartamento ubicado en el Sector Prado Oriental, municipio Santo Domingo Este, donde se mantenía oculto. La operación fue dirigida por el magistrado Pedro Medina Quezada, Procurador General de Corte adscrito a la PEALAFT.

La investigación, desarrollada conjuntamente por la PEALAFT, la Fiscalía de La Altagracia, la DNCD/CICC, la DIFLA y la DEA, identificó a Cordero Espinal como integrante de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, que operaba utilizando complejos turísticos del este del país para exportar cocaína de origen colombiano hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. El primer gran evento ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando en el complejo Cap Cana fueron arrestados tres miembros de la red y se incautaron 993 paquetes de cocaína clorhidratada con un peso de 1,027.15 kilogramos, a bordo de la embarcación "Lucifer". Con posterioridad, el 18 de octubre de 2025, un segundo operativo simultáneo resultó en la ocupación de 666.27 kilogramos adicionales de cocaína en San Rafael del Yuma, así como armas, dinero en efectivo, equipos electrónicos y documentación financiera vinculada a la red.

Las evidencias recopiladas demuestran que el imputado sostuvo el 2 de junio de 2025 una reunión en el restaurante Mister Grill de Santiago con el prófugo Moisés Severino Inirio (a) "El Flaco" y ciudadanos puertorriqueños vinculados a la organización. Apenas cuatro días después de ese encuentro, Cordero Espinal viajó a Bogotá, Colombia —país de origen de la cocaína incautada—, retornando el 13 de junio de 2025, lo que la investigación vincula directamente con las actividades logísticas de la red criminal. Adicionalmente, el análisis financiero reveló que entre 2015 y 2025 movilizó en sus cuentas bancarias RD$79,606,437.60 y US$249,618.83, fondos incompatibles con sus únicos ingresos laborales formales declarados ante la Tesorería de la Seguridad Social, los cuales corresponden a apenas siete meses de cotizaciones con un salario de RD$15,000.00 mensuales, sin registrar actividad laboral desde abril de 2018.

Entre los bienes y elementos incautados al imputado figuran: el apartamento A-6 de la Torre Emporium Tower en el sector Bella Vista del Distrito Nacional; una embarcación denominada Beto-III, matrícula LR-B24-303BCH; una camioneta Isuzu D-Max 4WD año 2026; dos solares en la Avenida Palma Real, municipio Guerra; un vehículo Jeep Grand Cherokee; documentos de identidad con su rostro bajo nombres distintos —licencias de conducir de los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania—; un detector de dispositivos GPS/SPY; una libreta con registros de ingresos en efectivo con una meta de RD$10,000,000.00 para 2025; y un recibo de compra de un reloj Rolex Sky-Dweller valorado en RD$888,000.00.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador fiscal José Manuel Calzado, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Nellivet Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia.

La magistrada Ramona Nova Cabrera, Titular Interina de la PEALAFT, y la magistrada Claudia Lorena Garrido, Procuradora Fiscal Titular Interina de la Fiscalía de La Altagracia (Higüey), reiteraron el firme compromiso de ambas entidades de continuar ejecutando los lineamientos trazados por la magistrada Yeni Berenice Reinoso, Procuradora General de la República, y el director general de Persecucion del Ministerio Publico , Wilson Camacho en la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, garantizando que ningún integrante de estas redes criminales quede impune ante la justicia dominicana.