La Fundación Visión Integral denuncia que el Consorcio Azucarero Central e INAPA dejan sin agua al distrito municipal de Las Guázaras

Barahona – 24 de diciembre de 2025.

Esta acción arbitraria ha dejado sin acceso al agua potable a cientos de familias, afectando de manera directa a niños, envejecientes y personas en condiciones de vulnerabilidad, y constituye una grave violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana y en tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho al agua, a la vida y a la salud.

De manera aún más alarmante, durante la ejecución de esta medida decenas de comunitarios fueron detenidos y se reportó el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas contra la población civil, incluyendo personas indefensas, en un claro abuso de poder y uso desproporcionado de la fuerza, propio de escenarios de represión y no de un Estado que se dice democrático y garante de derechos.

Resulta particularmente indignante que este atropello se haya cometido el 24 de diciembre, una fecha de profundo significado familiar, social y religioso para el pueblo dominicano, cuando miles de hogares se preparan para celebrar la tradicional cena navideña. Más aún, llama poderosamente la atención que para estas fechas festivas está prohibido el otorgamiento y uso de la fuerza pública para acciones coercitivas, lo que agrava la ilegalidad y la irresponsabilidad del hecho.

 Desde la Fundación Visión Integral, denunciamos enérgicamente que los intereses económicos de una empresa privada estén siendo colocados por encima de la dignidad humana y del bienestar colectivo de toda una comunidad.

 El agua no es una mercancía: es un derecho humano esencial, y su uso debe priorizar el consumo de la población por encima de cualquier actividad productiva.

Exigimos:

La restitución inmediata del servicio de agua potable al distrito municipal de Las Guázaras.

La liberación de los comunitarios detenidos y el cese inmediato de la represión contra la población.

Una explicación pública y transparente por parte de INAPA y la Gobernación Provincial sobre su participación en estos hechos.

La intervención urgente del Defensor del Pueblo y del Ministerio Público para investigar el uso de la fuerza pública, las detenciones y las posibles violaciones a los derechos humanos.

Garantías de que nunca más se utilizará la fuerza pública para despojar a comunidades de un recurso vital.

Hacemos un llamado al Gobierno central, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a no guardar silencio ante esta grave injusticia.

 Un Estado que permite que se le quite el agua a su gente en Nochebuena y que reprime a su población por defenderla, es un Estado que falla en su deber más básico: proteger la vida y la dignidad humana.