Corte de Apelación de San Cristóbal, ratifica sentencia condenó a 20 y 10 años a una venezolana y un ecuatoriano por supuesto narco tráfico.
Se trata de los nombrados Haidee Gabriela Hernández De Cuña, venezolana y Jhon Braulio Acuña Chavarría, ecuatoriano, quienes según la acusación en una investigación dirigida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Procuraduría Fiscal de la provincia de Peravia, en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) ambos órganos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD), se logró identificar una organización criminal transnacional integrada por Dominicanos, Venezolanos, Ecuatorianos, y Arubeños, los cuales, se dedicaban a introducir grandes cargamentos de cocaína y marihuana a República Dominicana mediante embarcaciones que salían desde el departamento de Guajira en el Caribe Colombiano hasta la localidad denominada Playa los Jobos del municipio de Matanza, en la provincia Peravia, al Sur de la República Dominicana, donde tenían su centro de operación, en una residencia tipo villa y posteriormente los recursos que obtenían por esta actividad lo invertían en bienes muebles e inmuebles en sectores de residencia exclusiva y turística en la zona del país y en el Distrito Nacional, siendo esta la técnica de lavado mediante la cual introducían al sistema económico nacional las ganancias ilícitas obtenidas por la realización de dichas actividades.
Frente al Recurso de Apelación interpuesto por los imputados, La Cámara Penal de la Corte de San Cristóbal, entiendo por mayoría de votos que la sentencia del Colegiado de Peravia, fue motivada y cumplió con el debido proceso. Sin embargo, un voto disidente del juez Bartolomé Castillo Sánchez, entendía que la misma debía ser anulada y enviada a un nuevo juicio.
Junto con la confirmación de la sentencia, fueron confiscados a favor de Estado Dominicano bienes muebles e inmuebles por una suma millonaria y reafirma el compromiso de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos, de seguir investigando los hechos del crimen organizado sobretodo del narco tráfico.
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