Una auditoría detecta la desaparición de documentos relacionados con el gasto de RD$ 16 mil millones en Salud Pública

Según lo indicado en el informe, la entrega de estos documentos resulta fundamental para verificar el uso correcto de los recursos aplicados, asegurar la transparencia en la gestión financiera y permitir una evaluación integral de las inversiones realizadas.

Entre 2016 y 2021, el equipo auditor de la Cámara de Cuentas solicitó la revisión de la documentación que respalda los gastos por un monto total de RD$ 46,415,105,163. No obstante, a pesar de dicha solicitud, no se proporcionaron los libramientos de pago correspondientes a RD$ 16,137,179,671, lo que imposibilitó su comprobación conforme a los procedimientos establecidos.

Los documentos extraviados corresponden a las categorías de compras de materiales y suministros, contratación de servicios, transferencias corrientes y de capital, así como bienes muebles e inmuebles tangibles y disminución de pasivos. Según la exministra Guzmán Marcelino, toda la documentación relacionada con los libramientos de pagos fue archivada y depositada en los registros oficiales del Ministerio.

El informe pericial señala que, en el rubro de Materiales y Suministros, se seleccionaron aproximadamente 37,7 millones de un total de 51,3 millones, lo que implica que el 32 % del universo no fue analizado. Respecto a Transferencias Corrientes, el 29 % de la documentación no se encontró disponible, mientras que en Transferencias de Capital no se logró examinar ningún documento, resultando en un 100 % pendiente de revisión.

En el caso del sector Servicios, se examinó una muestra aproximada de 2,9 millones, lo que constituye una porción reducida de un universo superior a los 8,5 millones. Del total, el 43 % de los documentos relacionados no pudo ser verificado debido a la falta de suministro por parte de la entidad oficial, indica la auditoría.

Según el órgano de control externo, el artículo 64 del Título VIII del Decreto 526-09 —que regula la Ley 126-01— contiene las normas referentes a los funcionarios y empleados del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

“(…) Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del estado (sic), tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo, especificando la documentación de soporte de los registros realizados y las condiciones de su archivo”.

El Pleno de la Cámara envió diversas comunicaciones al Ministerio de Salud Públicapara pedir la documentación necesaria. Durante junio de 2022, se tramitaron varias solicitudes vinculadas a la gestión administrativa. Por ejemplo, en la Cuenta 2.2 sobre contratación de servicios, se registró una solicitud el 7 de junio. Además, en la Cuenta 2.3, referente a Materiales y Suministros, se remitió otra solicitud el 31 de mayo, sin obtener respuestas.

En cuanto a las Transferencias Corrientes (Cuenta 2.4), se registraron dos nuevas solicitudes de documento: una ingresada por la entidad el 13 de junio y otra el 15 de agosto del mismo año. Por otro lado, la Cuenta 2.5, correspondiente a Transferencias de Capital, no presentó movimientos en el período auditado.

El equipo de auditoría también revisó una muestra de 12 libramientos que suman RD$ 388,916,266, los cuales se realizaron mediante el Capítulo 0999 de la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional bajo el concepto de Regularización de Pagos. Cabe destacar que, según el informe, estos documentos no se encontraron archivados en la entidad, ni en formato físico ni digital.

La Cámara indica que, según el artículo 3, párrafo I de la Ley General de Archivos de la República Dominicana (481-08), se define el siguiente ámbito de aplicación:

“La aplicación de esta ley es de carácter general y obligatorio en cuanto al aspecto archivístico en todo el sector público dominicano, entendiéndose por él al Gobierno Central, las instituciones autónomas y descentralizadas, el Congreso Nacional, los organismos del Poder Judicial y los ayuntamientos.”

Por su parte, el exministro de Salud Pública, Antonio Plutarco Emilio Arias, mediante comunicación fechada el 25 de abril de 2025, manifestó que la información solicitada corresponde a un período posterior a su gestión; por lo tanto, indica no poseer los detalles sobre la no entrega de dicha información en ese momento.

Mientras, el 28 de abril de 2025, la exministra Lucía Altagracia Guzmán Marcelino respondió a los hallazgos relacionados con su gestión comprendida entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de mayo de 2018, y detalló lo siguiente respecto a este asunto:

“(…) Toda la documentación correspondiente a los libramientos de pagos fue debidamente archivada y depositada en los registros oficiales del Ministerio, en cumplimiento de las normas aplicables y bajo el principio de continuidad del Estado. Por tanto, la disponibilidad, custodia y entrega de dichos documentos correspondía a la Administración vigente al momento de la solicitud de la auditoría”. 

El informe íntegro fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), organismo responsable de investigar y determinar la existencia de eventuales irregularidades o actos de corrupción en la gestión de los fondos mencionados.