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MP deposita acusación contra hombre vinculado a red de narcotráfico y lavado de activos


El Ministerio Público depositó este martes, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor, la formal acusación contra Miguel Salomé Azor (Miguel) y la empresa Pescadería Caprimar por su vinculación a una red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Hato Mayor, dio inicio a una amplia investigación en contra de una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico en las zonas Este y Norte del país. Dicha organización, dirigida por el acusado Miguel Salomé Azor, alias “Miguel”, operó de manera constante durante el período comprendido entre los años dos mil trece (2013) y dos mil veinticinco (2025), logrando recibir, transportar y distribuir dentro y fuera del territorio nacional grandes cantidades de drogas y sustancias controladas.


Durante el desarrollo de la investigación financiera paralela llevada a cabo por el Ministerio Público, se tuvo acceso a los reportes de transacciones en efectivo (RTE), los cuales surgieron como consecuencia de la actividad económica realizada en las cuentas bancarias del acusado, Miguel Salome Azor. Estos informes, considerados como alerta temprana en el ámbito del lavado de activos, comprenden un total de 76 operaciones, efectuadas en pesos. La suma global de estos reportes de transacciones en efectivo (RTE) alcanza los Noventa y dos millones ciento cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos con trece centavos. Es relevante subrayar que esta cifra no abarca la totalidad del dinero movilizado en el sistema financiero por parte del acusado; se refiere exclusivamente a la cantidad generada por los reportes de transacciones en efectivo emitidos por dicho sistema. El dinero en efectivo al que hemos hecho alusión fue movilizado durante un periodo de tiempo relativamente corto, específicamente desde el año 2012 hasta el año 2021, abarcando un lapso de 9 años, un periodo excesivamente corto, para la cantidad de dinero movilizado


La acusación solicita la apertura a juicio contra los procesados, sustentada en la existencia de elementos suficientes de pruebas que le vinculan a la actividad criminal, detalla una nota de prensa.

De acuerdo con el expediente depositado en el Juzgado de la Instrucción de Hato Mayor, Miguel Salomé Azor enfrenta cargos por violación a los artículos 4E, 59, párrafo I, y 75, párrafo III, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a los artículos 3 (literales A, B y C), 4, 5, 18, 19 y 21 (literales A y B) de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, y los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En tanto, la empresa Pescadería Caprimar fue acusada de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 8 de la Ley 155-17, así como los artículos 3 (literales A, B y C), 4, 5, 18, 19, 20 y 21 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.


Según la acusación, en el año 2021 las autoridades ocuparon 250 paquetes de cocaína en el municipio de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, hecho que dio inicio a una investigación que culminó con la detención de Miguel Salomé Azor en febrero de 2025, tras evadir la justicia por varios años.

El documento detalla que el procesado operaba de manera continua desde el año 2013 hasta 2025, recibiendo, transportando y distribuyendo grandes cantidades de drogas dentro y fuera del territorio nacional. Además, movió altas sumas de dinero a través del sistema financiero, utilizando como fachada la empresa Pescadería Caprimar, dedicada aparentemente a la venta de pescados, pero que sirvió para encubrir actividades de narcotráfico transnacional.

Las titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de Hato Mayor, Ramona Nova y Marlene Guante, así como el procurador fiscal Pedro Medina Quezada, ponderaron la presentación de esta acusación contra el encartado y su empresa como “un paso firme en el combate a la criminalidad organizada y una muestra del esfuerzo conjunto de nuestras instituciones en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos”.

El equipo de investigación estuvo integrado por los fiscales José Manuel Calzado y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Antilavado, y Daniel Alberto Robles, de la Fiscalía de Hato Mayor.

El Ministerio Público, quedó a la espera de la fijación de la audiencia preliminar, por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor.

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