El Descontrol Financiero en las Alcaldías Municipales de la República Dominicana

Por Bill Peña

 Sin embargo, la realidad que se vive en gran parte del territorio nacional dista mucho de ese ideal. El manejo de los fondos municipales sigue siendo uno de los puntos más débiles de la gestión pública dominicana, marcado por la falta de control, la ineficiencia y, en muchos casos, por prácticas cuestionables que rozan la corrupción.

Cada año, los ayuntamientos reciben recursos del presupuesto nacional, provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos. Estos fondos están destinados a satisfacer las necesidades más inmediatas de las comunidades: calles asfaltadas, alumbrado, recogida de basura, parques, mercados y obras sociales. La ley establece con claridad que el 40% de estos recursos debe destinarse a la ejecución de obras, un mandato legal que, lamentablemente, rara vez se cumple en la práctica.

En muchos municipios, los ciudadanos desconocen en qué se utilizan los fondos públicos. Los informes de ejecución presupuestaria son incompletos o inaccesibles, y las auditorías —cuando se realizan— revelan irregularidades alarmantes. Es común observar que las prioridades locales se subordinan a intereses personales o políticos, dejando a las comunidades en el abandono y perpetuando un ciclo de atraso y desconfianza.

La falta de transparencia no solo debilita la institucionalidad, sino que erosiona la credibilidad de las autoridades municipales. Mientras los alcaldes deberían ser gestores del progreso, muchos se convierten en figuras distantes, más enfocadas en la propaganda que en la rendición de cuentas. Esta situación genera un profundo malestar en la ciudadanía, que percibe cómo sus impuestos se diluyen sin resultados tangibles.

Es urgente que el Estado, los organismos fiscalizadores y la sociedad civil asuman un rol más activo en el seguimiento del gasto municipal. La descentralización no puede ser sinónimo de descontrol. Se necesita fortalecer los mecanismos de supervisión, promover la participación comunitaria y garantizar que cada peso invertido en los ayuntamientos se traduzca en bienestar colectivo.

La eficiencia y la transparencia no son opciones, sino deberes fundamentales de toda gestión pública. Si las alcaldías continúan funcionando al margen de estos principios, el desarrollo local seguirá siendo una promesa incumplida y la confianza ciudadana, un bien cada vez más escaso.