Operación Leopardo: Según Procuraduría, Barahona era una de la ruta para traer la droga desde Colombia.

Según la solicitud hecha por Dra. Ramona Nova Cabrera, Titular Interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Lic. Pedro Medina Quezada, Procurador de corte de apelación adscrito a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Lic. Jose Manuel Calzado fiscalizador adscrito a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Licda. Claudia Lorena Garrrido Procuradora Fiscal Titular Interina De La Fiscalia De La Altagracia (Higuey), los imputados Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio y Néstor Julio Rodríguez Robles, formaban una poderosa organización criminal que opera en distintas regiones de la República Dominicana, utilizando complejos turísticos de la zona este del país como centros de exportación de sustancias narcóticas. Esta estructura introducía grandes cantidades de cocaína procedente de zonas rurales de Colombia, ingresándola por las costas de Bayahibe (provincia La Altagracia), San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá, para luego enviarla hacia Estados Unidos y Europa.

La investigación fue operación conjunta entre el Ministerio Público, representado por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de la provincia de La Altagracia, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA).

El expediente redacta que los imputados integrantes de esta supuesta red, tenían la siguiente participación:

Daniela Sthefany Amancio Olavarría realiza la colocación de dinero para la organización: deposita efectivo de forma reiterada y fraccionada (pitufeo/estructuración) en las cuentas de Moisés Severino Inirio (“El Flaco”) (Profugo) y otros miembros de la organización, utilizando múltiples sucursales o cuentas puente y conceptos genéricos para evadir controles, diluir el origen ilícito y dar apariencia de licitud a los fondos; además, proporciona su residencia para que la organización almacene dispositivos electrónicos destinados a la comunicación y altas sumas de dinero en efectivo procedentes de actividades de narcotráfico.

Rafael Torrez Díaz, quien se desempeña como administrador y custodio del centro de expendio de bebidas alcohólicas “Drinksy Súper Fría” , facilitó las operaciones de la organización criminal al permitir que dicho establecimiento fuera utilizado para almacenar, custodiar y manipular grandes cantidades de drogas y sustancias controladas, así como para ocultar pertrechos militares empleados por el grupo para la protección y resguardo de los cargamentos de narcóticos.

Wilson Rafael Severino Inirio, hermano del prófugo Moisés Severino Inirio, reside en el segundo nivel del inmueble utilizado por la organización criminal. Desde esa ubicación, participa activamente en la logística operativa, sirviendo como enlace local para el resguardo y movimiento de drogas, además de mantener bajo custodia pertrechos y equipos destinados a garantizar la seguridad de las operaciones ilícitas y la protección de los cargamentos de narcóticos.

Néstor Julio Rodríguez Robles, yerno del prófugo Moisés Severino Inirio, figura como colaborador directo dentro de la estructura familiar y operativa de la organización criminal. Durante las diligencias realizadas por el Ministerio Público y los organismos de seguridad, le fueron ocupadas armas de fuego ilegales.

Hallazgo de 643 paquetes de cocaína realizados en fecha 18 de octubre del 2025. En el marco de la investigación desarrollada por el Ministerio Público el 18 de octubre del año 2025,la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, ejecutaron un amplio operativo compuesto por 17 allanamientos simultáneos. Estas acciones tuvieron como finalidad la detención de los miembros de la organización criminal investigada (Moisés Severino Inirio, José Ignacio De Jesús Mota, Pedro Luis Cordero Espinal) quienes emprendieron la huida al notar la presencia de las autoridades.

El Ministerio Público, ha solicitado para los imputados 18 meses de prisión preventiva y que el caso de tramitación compleja.