El Estado dominicano como garante de los derechos fundamentales

Por Bill Peña

El artículo 8 de nuestra Carta Magna es claro al señalar que es función esencial del Estado proteger efectivamente los derechos de la persona. Este mandato no es simbólico: implica que todas las autoridades —desde los poderes públicos hasta los órganos autónomos— tienen la responsabilidad de asegurar que los derechos fundamentales sean reales, efectivos y accesibles para toda la población.

¿Qué significa ser garante de los derechos?

Ser garante no se limita a no violar derechos. Implica tres compromisos concretos:

1. Respetar los derechos, es decir, no interferir arbitrariamente en su ejercicio.

2. Protegerlos, tomando medidas para que terceros no los vulneren.

3. Garantizarlos, creando condiciones para que todos puedan ejercer sus derechos de forma digna y en igualdad de condiciones.

Este enfoque es particularmente importante en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, donde se reconoce que no basta con declarar derechos en el papel: hay que hacerlos realidad mediante políticas públicas, instituciones sólidas y acceso efectivo a la justicia.

Herramientas y mecanismos de protección

En los últimos años, la República Dominicana ha fortalecido su sistema de garantías. La creación del Tribunal Constitucional, como órgano de control de constitucionalidad, ha sido un avance fundamental. A través de sus sentencias, el Tribunal ha desarrollado una jurisprudencia que refuerza los principios de legalidad, igualdad, debido proceso y protección efectiva de los derechos.

Asimismo, mecanismos como la acción de amparo, consagrada en la Ley 137-11, han permitido a los ciudadanos reclamar la tutela inmediata de sus derechos ante violaciones u omisiones de parte del Estado o de particulares.

La Defensoría del Pueblo también juega un rol importante como ente autónomo que vela por los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, especialmente de los sectores más vulnerables.

Y no menos relevante es la integración de los tratados internacionales de derechos humanos al bloque de constitucionalidad, lo que significa que esos instrumentos tienen fuerza vinculante en nuestro país y deben ser aplicados en beneficio de las personas, conforme al principio pro persona.

Los retos pendientes

A pesar de estos avances normativos e institucionales, el Estado dominicano enfrenta desafíos importantes para ser un garante efectivo de los derechos. La desigualdad social, la corrupción, la discriminación estructural, la violencia de género, y las dificultades en el acceso a servicios básicos y a la justicia, limitan seriamente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, especialmente entre las poblaciones más desfavorecidas.

Además, nuevos escenarios exigen respuestas jurídicas innovadoras: la protección de datos personales, los derechos digitales, el cambio climático y el acceso equitativo a la tecnología son parte de una agenda de derechos en evolución constante.

Un compromiso constitucional y ético

En definitiva, ser garante de los derechos fundamentales no es solo un mandato constitucional; es también una responsabilidad ética del Estado frente a su ciudadanía. La legitimidad democrática de las instituciones se mide, en gran parte, por su capacidad para proteger la dignidad humana y asegurar condiciones de vida justas y equitativas.

Por ello, es fundamental que los poderes públicos actúen con transparencia, compromiso y visión de futuro, fortaleciendo el Estado de derecho y promoviendo una cultura de derechos que trascienda las leyes y se refleje en la vida cotidiana de todas las personas.

Solo así podremos construir una República Dominicana más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad que nos une como seres humanos.