Abogados ojo lean esto: SEGUNDO ACUERDO PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 2-23.

PREAMBULO

En consideración a que, en fecha 17 de enero de 2023, fue promulgada la Ley 2-23,

sobre Recurso de Casación, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11095, de la misma

fecha de promulgación, a partir de cuyo momento entró en vigor su aplicación

conforme a lo dispuesto por su art. 95, respetando los plazos previstos por el

Código Civil. En su art. 94 la Ley 2-23 deroga la Ley 3726 de 1953, sobre

Procedimiento de Casación y sus modificaciones, pero conserva su aplicación para

los supuestos señalados en los arts. 92 y 93 de la misma Ley 2-23.

En consideración a que, el objetivo fundamental de la Casación, desde la Ley núm.

3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, es decidir si la ley ha sido bien o

mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los

tribunales del orden judicial y mantener la unidad jurisprudencial de conformidad

con los artículos 1 y 2 de dicha normativa. De cara a la Ley núm. 2-23, esta visión

y objetivo ha sido ampliado al incluir el artículo 7, que el recurso de casación

censura la no conformidad de la sentencia impugnada con las reglas de derecho.

En consideración a que, la Ley 2-23, en su aspecto considerativo octavo advierte

que “el recurso de casación debe conservar de manera reforzada sus características

de ser de interés público, extraordinario y limitado”. Asimismo, la casación

dominicana retiene su función nomofiláctica y su función unificadora de la

jurisprudencia nacional. En esa virtud, la ley no resulta del todo novedosa en

nuestro sistema, pues en la mayor parte de sus disposiciones no hace más que

adoptar el procedimiento de casación francés, así como positivizar los criterios

firmes y reiterados que ya ha asumido nuestra Corte de Casación desde hace más

de treinta años, que constituyen la técnica de la casación dominicana en las diversas

materias.

Sin embargo, en procura de una mejor administración de justicia y de diseñar un

recurso de casación eficaz y expedito, el legislador dominicano, de manera

puntual, buscó en el derecho procesal europeo, especialmente en España, nuevas

instituciones jurídicas y facultades dadas a la Corte de Casación, y ha incorporado

mediante la Ley 2-23 a nuestro sistema el instituto procesal del interés casacional

─originario de España─, así como la facultad de la alta corte de dictar fallo directo

sobre el fondo del derecho aplicable, haciendo justicia al caso concreto ─agregándose

la función dikelógica─. Este último tema fue la principal causa de las reformas de la

casación que se han producido en los países europeos ─incluyendo Francia─, así

como en los países hispanoamericanos, siendo la República Dominicana el único

1país que no había otorgado a la Corte de Casación la facultad de poner fin al

conflicto en un tiempo razonable.

En consideración a que la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, insertó en la

legislación dominicana un importante cambio en el ejercicio del recurso de

casación con miras a la optimización de esta vía de cuestionamiento de los fallos

dados en última y única instancia.

En consideración a que, de igual forma la Ley 2-23, trajo consigo el establecimiento

de un requisito adicional y distinto para la admisibilidad del recurso de casación,

la acreditación de interés casacional, devolviendo a este recurso su carácter real de

extraordinario; sin embargo, dado que se trató de una variación nunca efectuada

en este ámbito, su aplicación representó tanto para las Salas de la Suprema Corte

de Justicia como para la comunidad jurídica nacional un aprendizaje continuo con

sus altas y sus bajas.

En consideración a que el dictado de acuerdos plenos no jurisdiccionales, en una

primera orientación, pretendió ser una guía efectiva orientativa para los abogados

en el ejercicio de la nueva ley de casación, así como un instrumento aclarativo de

las nociones que introdujo la ley y la forma en las que serían vistas y analizadas

por esta Alta Corte.

En consideración a que, durante el tiempo de aplicación de la Ley núm. 2-23, desde

su puesta en vigor hasta los actuales tiempos, transcurrido más de dos años, la

Primera Sala ha agotado un ciclo de aprendizaje atendible, logrando alcanzar una

comprensión acabada de la nueva forma de conocimiento de los recursos y

logrando una mejor interpretación de la norma, que en sus inicios no pudo

completar en el tiempo que era requerido, por lo que, luego de tropezar en más de

una ocasión con el desarrollo de criterios que se apartan del espíritu de la ley

novedosa, los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero,

Samuel Arias Arzeno y Vanessa Acosta Peralta, quienes forman el pleno de la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, luego de varias sesiones de trabajo,

determinaron la conveniencia de publicar en fecha 3 de julio de 2025, un segunda

guía como acuerdo no jurisdiccional que será tomado en cuenta por esta Primera

Sala y las partes que actúan ante ella para la determinación del interés casacional,

de la redacción y motivación de los memoriales de casación y de defensa, así como

del cómputo de los plazos, respecto de los recursos introducidos al tenor de la Ley

2-23, del 17 de enero de 2023, que regula el nuevo procedimiento de casación en la

República Dominicana.

Este documento sustituye el primer acuerdo de fecha 23 de mayo del 2023, por lo

que en una gran parte se incluyen datos y elementos que se desarrollaron en el

primero y se incluye un contenido que abarca otras cuestiones, que por su

relevancia persiguen afianzar el contexto del nuevo orden institucional, en lo

relativo al interés casacional y las infracciones procesales, que al amparo de los

artículos 12 , 34, y 38 párrafo conciernen al marco jurídico normativo que configura

2la institución de la casación.

También ha de tomarse en cuenta que, como se recalcó en el primer acuerdo, no se

trata de un instrumento con fuerza vinculante legal, pues cada juez conserva su

independencia al momento de ejercer la jurisdicción, no es menos cierto que

genera cierta vinculación moral en los jueces que lo suscriben, desde el momento

en que sus estipulaciones han sido adoptadas con la clara voluntad de unificación

hermenéutica, dejando fuera de este los puntos en los que no hay consenso

unánime del colegiado. En tal virtud, este tipo de acuerdos no constituye ni un

acto jurisdiccional (no resuelve un caso concreto) ni un acto administrativo (no se

trata de una decisión dictada en el ejercicio de una potestad administrativa).

Ha de tenerse en cuenta que los criterios contenidos en este segundo acuerdo se

han desarrollado de manera sencilla y entendible para derivar en una mayor

claridad, mejor comprensibilidad y razonablemente concisos, para su fácil

asimilación y puedan ser utilizados por parte de a quienes está dirigido, a saber:

los jueces de casación, los abogados que actúan ante la corte, los colaboradores de

la corte, los académicos y la comunidad jurídica en general.

El contexto procesal de este instrumento contiene las bases esenciales de lo que es

el ámbito elemental y fundamental de las técnicas de la casación, tanto en lo

relativo a las formalidades, o aspectos procesales que pudieren invocarse o

denunciarse en contra de la sentencia impugnada, así como las violaciones a la

cuestiones de fondo como sustantivas, que la ley permite plantear de cara al

ejercicio del recurso de casación, determinándose que para que se configure el

acceso a este recurso las causales que lo producen no pueden fundamentarse en

aspectos procesales basados en un automatismo mecánico o que la simple

invocación de infracciones implique la admisibilidad del recurso, justificándose en

una presunción que no se deriva del alcance de la ley. En ese sentido le

corresponde al recurrente acreditar el interés casacional como presupuesto que

sustente la admisibilidad de la vía recursiva, tal como se deriva del mandato de la

Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023.

Este instrumento desarrollará al igual que el anterior los institutos procesales

siguientes plazos establecidos en la ley (I), orden de evaluación de la competencia

y los presupuestos de admisibilidad (II), cuantía de admisibilidad (III), interés

casacional (IV), estructura y contenido del memorial de casación (V), estructura y

contenido del memorial de defensa (VI), escritos justificativos (VII), casos de

inaplicación de la Ley 2-23 y entrada en vigor (VIII) y alcance del presente acuerdo

(IX). En esas atenciones se acuerda por unanimidad lo siguiente:

3CONTENIDO

I. Plazos establecidos en la ley

II. Orden de evaluación de la competencia y los presupuestos de

admisibilidad

2.1) Examen de competencia

2.2) Examen de los presupuestos de admisibilidad ordinarios

III. Cuantía de admisibilidad

IV. Interés casacional

4.1) Interés casacional presunto (art. 10.1)

4.2) Interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial de la Corte de

Casación (art. 11.3 literal a)

4.3) Interés casacional por jurisprudencia contradictoria entre los tribunales de

segundo grado, de única instancia o entre salas de la Corte de Casación (art. 11.3

literal b)

4.4) Interés casacional por ausencia de doctrina jurisprudencial de la Corte de

Casación (art. 11.2 literal c)

4.5 Interés casacional en materia de embargo inmobiliario (art. 10 párrafo I)

V. Estructura y contenido del memorial de casación

5.1) Encabezado

5.2) Cuerpo

5.3) Petitorio

VI. Estructura y contenido del memorial de defensa

6.1) Encabezado

6.2) Cuerpo

6.3) Petitorio

VII. Escritos justificativos

VIII. Casos de inaplicación de la Ley 2-23

8.1) 8.2) Recursos interpuestos antes de la promulgación

Recursos interpuestos después de la promulgación

IX. Entrada en vigor y alcance del presente acuerdo

4I. Plazos establecidos en la ley

De manera general, la ley establece que todos los plazos que contiene su estructura

normativa son computados como días hábiles, salvo que se hubiese dispuesto

expresamente de otra forma (art. 80). Por “días hábiles” el legislador entiende

aquellos que sean laborables para la secretaría general de la Suprema Corte de

Justicia, fuera de cuyos días no podrá realizarse ninguna actuación, aun fuere

extrajudicial (art. 81), es decir, aunque se trate de una actuación que se realice fuera

de la sede de la referida secretaría.

En tal sentido, el recurso de casación contra las sentencias contradictorias o

reputadas contradictorias, dictadas en única o en última instancia, se interpondrá

dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la notificación de

la sentencia (art. 14).

En materia de referimientos el plazo para recurrir en casación será de diez (10)

días hábiles a contar de la notificación de la ordenanza (párr. IV art. 14). Este plazo

se aplica en todas las materias y en todas las jurisdicciones que actúen en

referimiento.

En materia de embargo inmobiliario, cualquiera que sea el régimen, el plazo para

recurrir en casación las sentencias de adjudicación, cuando fuere admisible, así

como las sentencias incidentales, será de diez (10) días hábiles a contar de la

notificación de la decisión (párr. V art. 14). Este plazo de diez (10) días hábiles es

único, es decir que se aplica tanto para el procedimiento de embargo inmobiliario

ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, como para los

procedimientos especiales seguidos, por ejemplo, al tenor de las Leyes núm. 6186

de 1963 y 189 de 2011, pues al establecer la Ley 2-23 que dicho plazo es aplicable

“cualquiera que sea el régimen”, está derogando el plazo de quince (15) días

previsto en el art. 167 de la Ley 189 de 2011.

Los señalados plazos para recurrir se benefician del aumento en razón de la

distancia.

En todos los casos, los plazos establecidos en la Ley 2-23, corren a partir del

próximo día hábil que siga a la fecha de la notificación o de la actuación que abre

el plazo (art. 82). De manera particular, todos los plazos del procedimiento de

casación que al tenor de la ley corran a partir de una notificación, serán francos y

regidos por el derecho común del art. 1033 del Código de Procedimiento Civil.

No corren a partir de una notificación los siguientes plazos:

a) El plazo de tres (3) días hábiles para que el secretario general de la Suprema

Corte de Justicia notifique, en los casos que proceda, los recursos de casación al

Procurador General de la República (art. 26).

b) El plazo de tres (3) días hábiles para que el secretario general de la Suprema

5Corte de Justicia remita el expediente completo al presidente de la sala que

conocerá el recurso (art. 28).

c) d) El plazo de dos (2) días para las contestaciones a los incidentes mediante

escritos de conclusiones. (art. 44 párr. I).

El plazo de tres (3) días para realizar los reparos a la admisión de la

recusación (párr. II art. 53).

II. Orden de evaluación de la competencia y los presupuestos de

admisibilidad

2.1) Examen de competencia

Una vez apoderada de un recurso de casación que le es dirigido por la parte

recurrente, la Primera Sala examinará su competencia en el trámite de admisión

del recurso, antes del pronunciamiento de la admisibilidad. Este examen solo se

hará en contraste con la competencia de las Salas Reunidas y las demás salas de la

Suprema Corte de Justicia. Por consiguiente, de dicha evaluación puede resultar

una de dos posibilidades de decisión:

a) Retiene su competencia, en cuyo caso pasará a examinar la admisibilidad

del recurso y, si es superada dicha etapa, fallará el recurso de casación al

fondo.

b) Se considera incompetente, en cuyo caso dictará fallo de incompetencia y

envío a la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia que estime

competente.

Si del examen de la competencia resulta que el órgano competente para conocer de

la cuestión es el pleno de la Suprema Corte de Justicia en razón de que no se trata

de un recurso de casación, se declarará inadmisible la actuación por mal

apoderamiento.

2.2) Examen de los presupuestos de admisibilidad

Ya determinada la competencia de la Primera Sala, esta procederá a evaluar los

presupuestos de admisibilidad del recurso de casación principal e incidental ─no

de los medios de casación─, para lo cual ponderará las condiciones de

admisibilidad formales u ordinarias en el orden siguiente: apoderamiento,

legitimación para recurrir, plazo para recurrir, sentencia impugnada, cuantía ─si

ha lugar─, violación a la prohibición de recursos sucesivos, violación al principio

de indivisibilidad, existencia de recurso incidental anterior1, entre otros, así como

cualquier otro incidente que conduzca a la inadmisibilidad del recurso. Y

finalmente el interés casacional acreditado por la parte recurrente en su memorial

1 Cuando quien recurre de manera principal ya ha sometido un recurso incidental a propósito del

ejercicio de la casación de su contraparte, ya sea en su memorial de defensa o de forma

independiente a este.

6de casación.

III. Cuantía de admisibilidad

Al tenor del numeral 3 del art. 11 de la Ley 2-23, no podrán recurrirse en casación

las sentencias que resuelvan demandas que tienen por objeto exclusivo obtener

condenaciones pecuniarias, restitución, devolución de valores o a cualquier otro

título que se le diere, cuya cuantía debatida en la instancia donde se dicta la

sentencia impugnada no supere el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos

del más alto para el sector privado, vigente al momento de la interposición del

recurso.

La suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos del más alto para el sector

privado, vigente al momento de la interposición del recurso, será obtenida de las

resoluciones sobre salario mínimo nacional para el sector privado no sectorizado

que dicta el Comité Nacional de Salarios2 en virtud de los arts. 452 y siguientes del

Código de Trabajo.

IV. Interés casacional

El interés casacional combina un conjunto de presupuestos procesales de admisibilidad

del recurso, no una causa de casación. De acuerdo con las motivaciones de la Ley

2-23, sobre Recurso de Casación, la noción de interés casacional está llamada a

trascender los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis

y a erigirse en un ente de equilibrio, de riguroso orden público procesal y de

canalización de objetivos impostergables del estado de derecho, como ocurre, por

ejemplo, con la salvaguarda del debido proceso, la uniformidad coherente de la

administración de justicia o la necesidad de uniformar posiciones encontradas

entre los diferentes tribunales de última o de única instancia del sistema judicial

dominicano.

El interés casacional, consiste en la relevancia del asunto desde la perspectiva de

las funciones propias de la casación. Debe entenderse que el interés casacional es

aquel reconocido como trascendente en su proyección jurisprudencial, por encima

del caso mismo, y del interés particular de las partes, de modo que se evite tener

que dictar sentencias que, dada la naturaleza del caso y su solución, no aportarían

nada al acervo jurisprudencial, por ser reiterativas o insustanciales.

Según la Ley 2-23 el recurso de casación presenta interés casacional cuando en la

sentencia impugnada, dictada en última o en única instancia, se resuelva:

a) En oposición a la doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación.

2 Para consultar estas resoluciones dirigirse al siguiente sitio de internet:

https://transparencia.mt.gob.do/index.php/base-legal/category/resoluciones-comite-nacional-

de-salarios

7b) Respecto de puntos y cuestiones sobre las cuales exista jurisprudencia

contradictoria entre los tribunales de segundo grado o entre salas de la

Corte de Casación.

c) Aplicando normas jurídicas sobre las cuales no exista doctrina

jurisprudencial de la Corte de Casación, y esta última justifique la

trascendencia de crear tal doctrina.

En los casos que es requerido el presupuesto de admisibilidad fundado en el

interés casacional, es de rigurosa exigencia que la parte recurrente, antes de sus

motivos de casación acredite debidamente el interés casacional que presenta su

recurso de casación, motivando de manera individual cada una de las causas de

interés casacional que invoca, con la justificación de fijación o unificación de

doctrina jurisprudencial.

4.1) Interés casacional presunto (art. 10 numerales 1 y 2)

Según se desprende de la Ley 2-23, no será necesario acreditar interés casacional

cuando el recurso de casación se interponga contra:

1) Decisiones señaladas en los numerales 1 y 2 del art. 10 de la Ley 2-23.

2) Decisiones que hayan inaplicado una norma por considerarla

inconstitucional, pues es obligación de la Corte de Casación juzgar lo

relativo a la inconstitucionalidad aun cuando lo principal no fuere

susceptible de recurso de casación (párr. II, art. 10).

3) Cuando el recurso de casación se funde en la causa de contradicción de

sentencias establecida en el art. 13 de la Ley 2-23.

4) Cuando el recurso de casación se funde en que la parte recurrente no fue

oída o debidamente citada en el proceso celebrado ante los jueces del fondo

que dictaron la sentencia impugnada.

En los casos de los numerales 2 y 4, la Corte de Casación solo deberá decidir el

recurso de casación sobre tales aspectos, salvo que en los demás puntos el recurso

de casación y los medios en que se invocan reúnan los respectivos presupuestos

de admisibilidad.

4.2 Interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial de la Corte

de Casación (art. 10.3 literal a)

El concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración y mantenimiento

en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Se considerará

que la sala ha fijado criterio con dos sentencias vigentes, las cuales el recurrente

deberá presentar en su recurso como contraste con la sentencia impugnada para

probar la violación del criterio de que se trate.

Sin embargo, las sentencias no tendrán el carácter de doctrina jurisprudencial si se

ha producido un “giro jurisprudencial” intervenido posteriormente, aunque por

8el momento exista un solo fallo contentivo del giro. Por tanto, excepcionalmente,

en este supuesto solo se requerirá esta decisión que inicia el nuevo criterio, hasta

tanto se dicte otra que lo reitere.

Es necesario, en consecuencia, que en el memorial de casación se cite al menos dos sentencias de la Primera Sala y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas. Se analizará cada caso en concreto a fin de determinar si existe identidad entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto del recurso.

4.3) Interés casacional por jurisprudencia contradictoria entre los tribunales de segundo grado, de única instancia o entre salas de la Corte de Casación (art. 10.3 literal b).

La modalidad de interés casacional previsto en el art. 10.3 literal b de la Ley 2-23 supone la existencia de jurisprudencia contradictoria adoptadas entre los tribunales de segundo grado, esto es, entre salas de un mismo tribunal de alzada o de distintos departamentos judiciales, incluyendo tribunales de primera instancia cuando actúan como tribunales de apelación respecto a las decisiones de los juzgados de paz. Asimismo, debe entenderse para los fines del interés casacional que quedan comprendidos en esta modalidad los casos en que los tribunales se pronuncian en única instancia.

En estos casos tiene que acreditarse que existen soluciones diferentes para el mismo problema jurídico (casos análogos) por parte de los tribunales indicados.

La parte recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que existe la contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada.

La acreditación de este presupuesto de admisibilidad implica que queda a cargo del recurrente la obligación de presentar, por un lado, al menos dos sentencias dictadas con igual criterio por el tribunal cuya decisión se impugna en casación, de las cuales una debe ser la sentencia impugnada en el caso concreto; y, por otro lado, no menos de dos sentencias dictadas con razonamiento contrario por un mismo tribunal, sea el tribunal que dictó la sentencia impugnada o cualquier otro de igual categoría.

Este motivo de interés casacional adquiere mayor trascendencia cuando procura fijar una doctrina jurisprudencial respecto a puntos de esencial operatividad de los tribunales de segundo grado.

Para invocar esta causa de interés casacional no puede existir jurisprudencia de la Primera Sala sobre el criterio cuestionado, pues en tal caso el contraste debe ser con esta. Igualmente, el art. 10.3, literal b, prevé la misma modalidad de interés casacional ante la existencia de criterios dispares entre las salas de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso aplican las mismas reglas para la acreditación del interés casacional antes expuestas.

4.4) Interés casacional por ausencia de doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación (art. 10.3 literal c)

Si no existen dos jurisprudencias de la Corte de Casación o ninguna decisión que contraste con la que se quiere impugnar, el recurso de casación es, en principio, inadmisible por inexistencia de oposición a la doctrina jurisprudencial. Esta ausencia de doctrina jurisprudencial es la que impulsa la modalidad de interés casacional definida en el art. 10.3 literal c de la Ley 2-23, del cual se desprende que el recurso de casación será admisible a discreción de la Corte de Casación, pues en estos casos solo se verificará interés casacional si la misma corte justifica “la trascendencia de crear tal doctrina”, es decir, la doctrina ausente.

En este presupuesto de interés casacional la parte recurrente deberá señalar e identificar el problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida, justificando que no existe doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación relativa a la norma que sirvió para resolver el litigio ante los jueces del fondo. Cuando solo deliberan tres (3) jueces y se trate de un fallo que resuelve admitir el recurso de casación por el interés casacional fundado en la inexistencia de doctrina jurisprudencial, la decisión deberá ser adoptada por unanimidad de votos (párr.

III art. 39).

4.5 Interés casacional en materia de embargo inmobiliario (art. 10 párrafo I)

En cuanto al contenido del articulo 10 párrafo 1 relativo a las reglas de admisibilidad del recurso casación, en materia de embargo inmobiliario ordinario, según el Código de Procedimiento Civil, la Ley 6186, Sobre Fomento Agrícola de fecha 12 d febrero de 1963, que regula el embargo inmobiliario abreviado y la Ley 189-11, del 16 de julio de 2011, que regula el embargo inmobiliario especial, debe entenderse que las reglas de admisibilidad que consagra el texto enunciado conciernen a los presupuestos que habilitan el acceso al recurso de casación en función de la naturaleza de la sentencia impugnada, que en modo alguno se refiere al test de admisibilidad fundamentado en la noción y el alcance del interés casacional, como requisito previo que debe asumirse indispensable en esa materia para obtener el acceso al recurso; por lo que la parte recurrente debe probar que existe interés casacional y demostrar el contraste con el criterio de la Sala en la forma que rige la ley, con la prueba de por los menos dos precedentes que lo

avalen, pero que se refieran a esa materia específica, donde quede reflejada la vulneración. En ese sentido, en caso de superar la fase de admisibilidad, será examinado el fondo del recurso de casación sometido a las reglas y rigores propios de la técnica de casación, que pone a cargo del recurrente probar los agravios

invocados en contra de la sentencia impugnada.

V. Estructura y contenido del memorial de casación.

En virtud del art. 16 de la Ley 2-23 el recurso de casación se interpone mediante depósito en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia de un memorial de casación suscrito por abogado y debidamente motivado. La estructura del memorial de casación se divide en tres partes: encabezado, cuerpo y petitorio.

5.1) Encabezado

El encabezado contendrá la identificación de las partes (lo que conocemos como

las “generales”) y de la sentencia impugnada en casación (ver numerales 1 a 4 del

art. 18 de la Ley 2-23).

En esta parte, en virtud del art. 23, el recurrente deberá fijar su domicilio procesal,

que debe situarse en el Distrito Nacional.

5.2) Cuerpo

Generalmente, el cuerpo del memorial se dividirá en tres partes:

5.2.1) Primera parte: Breve resumen de los hechos fijados en el fallo

impugnado. No consiste en alegaciones de hechos y presunciones.

5.2.2) Segunda parte: Se trata de una parte anterior a la exposición de los

motivos al fondo del recurso, en la cual la parte recurrente debe

acreditar a la Corte de Casación que el recurso cumple con los

presupuestos de admisibilidad, en especial el relativo al interés

casacional4

. La parte recurrente tiene la carga de acreditación, por lo que

debe justificar con necesaria claridad y de manera obligatoria, la

concurrencia del interés casacional, especificando la modalidad

aplicable, con la suficiente argumentación para convencer a la corte.

Para ello, debe establecer lo siguiente:

a) Que se citen por lo menos dos sentencias de contraste dictadas por

la Primera Sala de la Corte de Casación apoderada del recurso, si se

11

4 Cuando no se interponga en relación a una de las materias en que está relevada la acreditación de

este presupuesto de admisibilidad.trata de la modalidad del art. 10.3, literal a. Si se trata de la modalidad

que aborda el literal b del art. 10.3, se deberán depositar, por un lado,

dos sentencias dictadas con igual criterio por el tribunal cuya

decisión se impugna en casación, de las cuales una debe ser la

sentencia impugnada en el caso concreto; y, por otro lado, dos

sentencias dictadas con razonamiento contrario por un mismo

tribunal, sea el tribunal que dictó la sentencia impugnada o cualquier

otro de igual categoría.

b) Que la cita de las decisiones que sirven de fundamento al interés

casacional se identifique con el nombre del tribunal que la dictó, su

número y fecha. En el memorial solo debe hacerse referencia respecto

de lo que se interesa confrontar con la sentencia impugnada. Debe

extractarse su contenido y, de incluir citas literales, se limitarán a las

partes relevantes para resolver el problema jurídico planteado.

c) Que en el caso de los tribunales de segundo grado o de única

instancia, no basta la cita de sentencias, sino que es necesario que se

ponga en relación la doctrina sentada por cada una de ellas con lo

razonado en la sentencia recurrida en supuestos que guarden cierta

similitud con el que es objeto del proceso, y estas ser aportadas al

expediente.

d) Que la oposición a la jurisprudencia invocada tiene repercusión en

la decisión del litigio, atendida la ratio decidendi de la sentencia

recurrida. Esto en coherencia con lo establecido en el art. 12 de la Ley

2-23, que dispone que no constituye una causa de casación los errores

de derecho que no incidan en la solución del litigio ni determinen la

parte dispositiva de la sentencia.

e) Que el criterio aplicable para resolver el problema planteado no

dependa única o sustancialmente de las circunstancias fácticas de

cada caso.

f) Que la aplicación de la jurisprudencia invocada o pretendida no

puede llevar a una modificación del fallo mediante la omisión total

o parcial de los hechos dados por probados por la alzada.

5.2.3) Tercera parte: Se expondrán los motivos de fondo del recurso, bajo la

fórmula de los medios de casación cumpliendo las siguientes pautas:

a) Cada medio de casación se subdividirá en dos partes: encabezamiento

(título o epígrafe) y desarrollo.

b) En el encabezamiento se citarán de manera precisa y puntual, sin

argumentación alguna, en forma de título, la causa de casación

alegada, con la indicación de los textos que se denuncian infringidos

(ej. Primer medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo medio:

Violación del art. 1319 del Código Civil). Se recomienda resaltar las

causas de casación con negritas o cursivas o cualquier otra forma

distintiva.

12c) En virtud de los arts. 17 y 18.5 de la Ley 2-23, los medios de casación

no deben ser nuevos, bajo pena de inadmisibilidad, salvo que se trate

de medios de puro derecho, medios nacidos de la sentencia

impugnada o medios que invoquen cuestiones constitucionales.

d) Por consiguiente, los motivos del medio deben respetar el ámbito de

la discusión jurídica de la ratio decidendi de la sentencia recurrida. En

tal sentido, el párrafo del art. 12 de la Ley 2-23 dispone que “no

constituye una causa de casación los errores de derecho que no

incidan en la solución del litigio ni determinen la parte dispositiva

de la sentencia”.

e) Los medios de casación deben ser desarrollados estableciendo

claramente las normas jurídicas infringidas o erróneamente

aplicadas, con la exposición concreta, clara y concisa de los

fundamentos de la casación pretendida. Si bien deben evitarse las

argumentaciones muy escuetas, que no impliquen un real desarrollo

del medio, tampoco deben ser excesivamente extensas, impidiendo

conocer el verdadero fundamento del motivo. Es decir, solo se exige

“la necesaria extensión”.

f) Así, el medio debe contener la exposición razonada de la infracción

o vulneración denunciada en el encabezamiento y de cómo influyó

en el resultado del proceso. En consecuencia, se debe transcribir o

parafrasear los motivos dados por el tribunal de segundo grado

donde incurre en el vicio. En esta exposición no puede apartarse del

contenido esencial del encabezamiento.

g) Los medios de casación por vicios de forma y por vicios de fondo, o

sea, los medios de naturaleza procesales y los medios de carácter

sustantivo, deben ser planteados de manera separada, iniciando con

los de forma, pues en este mismo orden el art. 34 impone que deben

ser fallados por la corte. En consecuencia, no pueden mezclarse en

un mismo medio de casación vicios de naturaleza distinta. Cuando

el recurso se fundamenta en infracciones planteadas en el contexto

de los artículos 12, 34, y 38, ya sean de forma o procesales, así como

Sustantivo se debe en cada medio de casación planteado acreditar el

interés casacional objetivo aportando, por lo menos dos sentencia de

esta Corte de Casación que haga contraste con la decisión

impugnada proveniente de la jurisdicción de alzada o la subrogada

en caso de ser un ulterior recurso de casación. La decisión que se

refieran al contraste invocado debe guardar relación directa con la

casuística discutida, de forma tal que la decisión aportada no se

refiera a una situación alejada y ajena a la planteada. Una vez

valorado estos presupuestos ha lugar a examinar y a deliberar si se

ha cumplido con el test de admisibilidad, que en el caso de que no se

haya superado será pronunciada la inadmisibilidad del recurso por

falta de interés casacional, sin necesidad de valorar ningún otro

13aspecto o medio de casación ajeno al ámbito de las infracciones. Si

fuese probado el contraste en la forma indicada la Corte de Casación

valorará el fondo del recurso de casación, debiendo cumplir este con

los rigores y requerimientos propios de la técnica casacional en lo

relativo a la prueba de los agravios invocados en contra de la

sentencia impugnada, es decir que el hecho de haber pasado el filtro

del test de admisibilidad en modo alguno implica la casación de

pleno derecho de la decisión.

5.3) Petitorio

Como en todo escrito en la parte final debe plantearse con precisión la petición que

se hace a la corte, es decir, el pronunciamiento que se procura de esta. Incluso, al

tenor de esta nueva normativa, se podrá pedir a la Corte de Casación que haga uso

de su facultad de dictar fallo directo sobre el litigio, poniendo fin al proceso (párr.

III art. 38).

Los pedimentos cuya solución escapen a la competencia de la Corte de Casación

serán declarados inadmisibles.

VI. Estructura y contenido del memorial de defensa

En virtud del art. 21 de la Ley 2-23, la parte recurrida en casación depositará su

memorial de defensa con constitución de abogado en la secretaría general de la

Suprema Corte de Justicia, que contendrá sus medios de defensa, excepciones o

presentará recurso de casación incidental (puro y simple) o incidental alternativa.

La estructura del memorial de defensa se divide en tres partes: encabezado, cuerpo y

petitorio.

6.1) Encabezado

El encabezado contendrá la identificación de las partes (lo que conocemos como

las “generales”) y de la sentencia impugnada en casación (ver numerales 1 a 4 del

art. 18 de la Ley 2-23).

En esta parte, en virtud del art. 23, el recurrido deberá fijar su domicilio procesal,

que debe situarse en el Distrito Nacional.

6.2) Cuerpo

En el caso del memorial de defensa, este generalmente se dividirá en tres partes,

pero excepcionalmente en cuatro partes cuando contenga recurso de casación

incidental o alternativo, a saber:

6.2.1) Primera parte: Breve resumen de los hechos fijados en el fallo

impugnado. No consiste en alegaciones de hechos y presunciones.

146.2.2) Segunda parte: Se trata de una parte previa a la exposición del desarrollo

de los medios de defensa dirigidos contra el recurso de casación, en la

cual la parte recurrida deberá formular las excepciones,

inadmisibilidades o incidentes que entienda de lugar contra el recurso

de casación o algún acto producido en el procedimiento de casación, a

pena de caducidad, salvo que la contestación sea deducida de

irregularidad devenida o conocida con posterioridad al depósito del

memorial de defensa. Es en esta parte que el recurrido debe oponerse al

interés casacional en el que la parte recurrente fundamenta la

admisibilidad de su recurso.

6.2.3) Tercera parte: Se responderán de manera independiente y en el orden

que han sido planteados por la parte recurrente cada uno de los medios

de casación, proponiéndose contra ellos, primero, los medios de

inadmisión pertinentes, y luego los motivos de defensa de la sentencia

impugnada respecto a los vicios alegados por la parte recurrente.

6.2.4) Cuarta parte: Si la parte recurrida decide interponer un recurso de

casación incidental (puro y simple) o alternativo, lo presentará en esta

cuarta parte, es decir, después de ejercer la defensa respecto al recurso

de casación principal.

La estructura del recurso de casación incidental o alternativo deberá

cumplir con las mismas pautas señaladas anteriormente para el recurso

de casación principal.

El recurso de casación incidental alternativo es aquel que, por voluntad

propia de la parte recurrida, queda condicionado a la suerte del recurso

de casación principal y que, por tanto, solo será ponderado si el recurso

principal es acogido, pues, en caso contrario, si el recurso de casación

principal es rechazado, se renuncia a que se pondere y conozca el

recurso incidental alternativo.

6.3) Petitorio

En la parte conclusiva de su memorial de defensa el recurrido deberá plantear

conclusiones separadas respecto al recurso de casación principal interpuesto en su

contra, y respecto a su recurso de casación incidental o alternativo, si lo ha

introducido en su memorial de defensa. En una u otra parte de su petitorio podrá

plantear conclusiones principales y subsidiarias, según se hayan planteado

excepciones, inadmisibilidades, incidentes o defensas al fondo.

Al igual que la parte recurrente, la parte recurrida podrá pedir a la Corte de

Casación que haga uso de su facultad de dictar fallo directo sobre el litigio,

poniendo fin al proceso (párr. III, art. 38).

15VII. Escritos justificativos

En los escritos justificativos producidos por las partes en virtud del art. 22 de la

Ley 2-23, estas solo podrán ampliar las argumentaciones de sus pretensiones

incidentales o de fondo ya planteadas en sus respectivos memoriales, sin poder en

ningún caso agregar nuevos medios.

Será en estos escritos justificativos que las partes tendrán la oportunidad de

responder las excepciones, inadmisibilidades, incidentes, recursos de casación

incidentales o alternativos presentados por su adversario, según corresponda.

VIII. Casos de inaplicación de la Ley 2-23

Al tenor del principio que establece la aplicación inmediata de la ley procesal, la Ley

2-23 es de aplicación inmediata para los recursos de casación interpuestos después

de su promulgación el 17 de enero de 2023.

Sin embargo, la propia ley distingue excepciones para su aplicación respecto a los

recursos de casación interpuestos antes de la entrada en vigor de la ley (9.1) y los

recursos de casación introducidos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley

(9.2).

9.1) Recursos interpuestos antes de la promulgación: A estos recursos de casación no aplican los presupuestos de admisibilidad relativos al plazo para recurrir y al tipo de sentencia impugnada, así como tampoco el efecto no suspensivo del recurso. Sin embargo, la ley advierte que se puede prescindir de las audiencias si las partes no han sido convocadas y del dictamen de la Procuradora General de la República si todavía no se ha requerido (art. 93), En este sentido, los expedientes que se encuentren completos, pero en estado de rol cancelado por inasistencia de las partes a la audiencia que les fue fijada o cualquier otra causa, podrán ser fallados sin necesidad de fijación de nueva audiencia. En cambio, los expedientes que se encuentren incompletos sufrirán las consecuencias establecidas por la Ley 3726 de 1953.

9.2) Recursos interpuestos después de la promulgación: 

Según el art. 92 de la Ley 2-23 esta no será aplicable en lo que se refiere a los presupuestos de admisibilidad relativos al plazo para recurrir y al tipo de sentencia impugnada, así como tampoco su disposición sobre el efecto no suspensivo del recurso, cuando la sentencia impugnada ha sido dictada antes de su promulgación, pues exclusivamente en estos aspectos regirán las reglas de la Ley 3726 de 1953. Sin embargo, en cuanto a los demás aspectos aplican plenamente las disposiciones de la Ley 2-23, por lo que las partes deben producir sus memoriales y actuaciones en la forma y los plazos previstos en la nueva normativa, bajo pena de incurriren los defectos y sanciones en ella establecidos.

IX. Entrada en vigor y alcance del presente acuerdo

El alcance del presente acuerdo se limita a establecer las interpretaciones, criterios y pautas que la Corte de Casación puede soberana y razonablemente exigir en la presentación de los recursos de casación que son interpuestos ante ella, sin que en modo alguno se pueda asumir que el presente acuerdo tiene por efecto u objeto diferir la aplicación de los presupuestos de admisibilidad, plazos, trámite o cualquier otra disposición objetivamente establecida por la Ley 2-23.

En atención a que los parámetros y conceptos establecidos en este Segundo Acuerdo No Jurisdiccional, en su mayoría fueron desarrollados y puestos en aplicación durante la vigencia del primer acuerdo dictado el 29 de mayo del año 2023, y que es de manejo público de la comunidad jurídica dominicana, y los preceptos novedosos han sido descritos en diversas decisiones dictadas por la Sala, este acuerdo entrará en vigor de inmediato, es decir en la misma fecha en que ha

sido dictado.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los tres (3) días

del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno,

y Vanessa Acosta Peralta.