Según la acusación de la Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las prácticas corruptas en la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez provocaron el “retiro de la cooperación y el descrédito”.
La información está contenida en la acusación del Ministerio Público al exfuncionario, la cual se continúa leyendo durante el juicio preliminar de Operación Medusa.
Sobrevaloración de equipos del Inacif
Los fiscales leyeron ayer la parte de la acusación en la que se detallan las irregularidades de la contratación de una empresa que sobrevaloró “cuatro veces por encima del valor comparable con la cotización internacional” de unos equipos comprados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacfi).
La empresa Suplidora Médica del Caribe, SRL, representada por Ana Rosa Sención, fue preseleccionada a la realización del proceso de comparación de precios, práctica común para “simular los procesos de compras y contrataciones”, característica repetida por “la organización criminal.
Tras una auditoría a la adquisición de los instrumentos, se comprobó que estos fueron comprados por un monto de “€$28,258.46”, y que al realizarse las comparaciones de precios se identificó una diferencia de aproximadamente €$ 21,624.00, “equivalente a un monto cuatro (4) veces por encina al valor comparable con la cotización internacional realizada, más los impuestos de ley”, indicó la Pepca.
Persecución de fiscales
En la gestión de Jean Alain, se habrían permitido la persecución a lo interno de fiscales que eran contrario a las políticas del ex procurador.
Eso implicaba limites de recursos, suspensión y persecución con juicios disciplinarios apartados de las reglas del debido proceso:
Se recuerda, las polémicas decisiones sobre la fiscalía del Distrito Nacional y Yeni Verenice y la adulteración de una auditoría de la fiscalía de Barahona, para justificar la destitución del ex fiscal y que la misma no pudo ser valorada por las notables contradicciones y porque se aplicó en un período distinto a la gestión del fiscal Yván Ariel Gómez Rubio, para poder localizar supuestas faltas.
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