Corte España conocerá extradición Rafael Canó, el cobarde no quiso simplificar su extradición para jugar al tiempo y salirse con la suya.

Las autoridades españolas apoderaron a un juzgado de instrucción para conocer la solicitud de extradición del dominicano Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector de Gabinete de la Procuraduría General de la República y uno de los implicados en el caso  Medusa.

La encargada de extradición  de República Dominicana, procuradora adjunta Gisela Cueto, explicó que el país realizó los trámites de rigor y que la extradición al país de Canó Sacco depende de las autoridades españolas.

La dilación de la extradición del encartado en el caso Medusa es porque no se acogió al proceso simplificado, de decidir venir de forma voluntaria a responder por las imputaciones de malversación que le hace el órgano persecutor del crimen.

El 6 de octubre del pasado año, la PGR informó el apresamiento en España de  Canó Sacco y detalló que en las próximas horas formalizará la solicitud de extradición para su procesamiento en República Dominicana por su implicación en el caso Medusa.

El exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República fue detenido el 4 de octubre de 2012, por su implicación en  el mencionado caso, cuyo principal imputado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

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A través de la Operación Medusa, la Procuraduría General Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, develó en junio pasado una red liderada, según el expediente, por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, que alegadamente  malversó más de 5 mil millones de pesos.

El imputado Canó Sacco era objeto de una orden de detención emitida a través de la Interpol, debido a su evasión de la investigación judicial activada en el caso Medusa por el hecho de actuar junto a varias personas para defraudar al Estado dominicano, mediante distintas maniobras tendentes a la sustracción de fondos provenientes de la PGR, en beneficio propio y de terceros vinculados, así como de incurrir en prácticas para encubrir sus acciones ilícitas.

El Ministerio Público ha calificado los hechos del imputado como corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología.