El PRM pone a dormir sus escándalos “enviándolos” al fiscal nacional y las sanciones nunca llegan.
Funcionarios, diputados y dirigentes como Miguel Gutiérrez Díaz, Yamil Abreu, Leonardo Faña o Kinsberly Taveras han sido señalados en casos como violación, supuesta corrupción y narcotráfico y con tres de ellos en cortes, y con Taveras renunciando su cargo, la alta dirigencia del partido oficialista ha decidido plantearse y discutir la expulsión o posible sanción de aquellos involucrados en esos casos.
Tras discusiones y evaluaciones, los casos son enviados a la figura que internamente ellos denominan “fiscal nacional” para que se les de curso en las instancias de sanción interna.
Ese fiscal nacional es una persona designada por la dirección ejecutiva del PRM que toma las primeras acciones en los procesos disciplinarios. Sin embargo, con el pasar del tiempo y al menos con 10 casos enviados no se han hecho públicos los veredictos finales.
Quien actúa como fiscal nacional del partido de gobierno es Tony Rodríguez y durante una conversación con el LISTÍN DIARIO este aseguró que hasta la fecha no ha recibido ningún sometimiento acerca de ninguno de los casos mencionados.
Yo soy apoderado o por las autoridades del partido o por instancia y de esos casos no he recibido ningún sometimiento por parte de ninguna de las autoridades o compañeros acerca de esas personas”, fue lo expresado por el jurista al preguntársele sobre esos casos particulares.
Rodríguez añadió que no sabe si esas instancias están siendo elaboradas o si en algún momento lo harán, al momento de recalcar que no ha llegado ningún sometimiento contra ellos.
Kinsberly, la primera
El primer escándalo lo protagonizó Taveras, exministra de la Juventud, quien a tan solo cuatro meses de haber asumido sus funciones en ese ministerio se vio en la necesidad de presentar su renuncia al cargo, debido a que el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por su declaración jurada de bienes que subía de los 100 millones de pesos.
La exministra era investigada por el Ministerio Público por sus bienes declarados y supuestamente por violar la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos.
El PRM comunicó en su momento que su caso fue enviado al Fiscal Nacional y aún al tiempo de escribir este artículo ninguna decisión ha sido anunciada.
Sadoki Duarte
El diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, aún “es investigado” simultáneamente por el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, por el Ministerio Público y por el fiscal nacional del partido de gobierno por supuestamente haberle dado un puñetazo en el rostro a una raso de la Policía Nacional, mientras él intentaba evitar que ella incautara un vehículo que transitaba en horario del toque de queda en un hecho transcurrido a finales de diciembre.
El presidente del partido, José Ignacio Paliza, y el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, condenaron las actuaciones. El primero prometió que sometería la expulsión del legislador de las filas del PRM.
“Hemos recibido la información de que existe un señalamiento por parte de la Policía Nacional al diputado Sadoki Duarte, miembro de nuestro bloque de diputados por agresión a una oficial de la Policía. Hemos dispuesto el envío del caso a la Fiscalía Nacional para los fines de lugar”, rezaba el comunicado de fecha del 28 diciembre.
El presidente de la República, molesto, golpeó en la mesa durante una participación pública y prometió que el legislador sería sancionado. Nada ha pasado.
Leonardo Faña
Pocos días después, fue acusado por agresión sexual por una de las empleadas de la institución que tenía a su cargo el director del Instituto Agrario Dominicano (IDA), Leonardo Faña, por lo que fue apresado y suspendido del puesto.
El 19 de enero se hizo oficial la suspensión de Faña y en su lugar fue designado José Daniel del Rosario Valdez como director ejecutivo interino del IAD, cargo que aún mantiene.
Faña cumplió prisión preventiva por el presunto hecho, y luego fue dejado en libertad aunque con impedimento de salida y presentación periódica, además de pagar una multa de RD$500 mil pesos. José Daniel del Rosario Valdez, fue designado en el cargo.
La denunciante fue la gerente financiera del IAD, María Isabel Flores, quien terminó retirando la querella, según informó el pasado 27 de enero el Ministerio Público que decidió, sin embargo, seguir el caso.
Flores accedió a reunirse con Faña el 4 de enero para coordinar trabajos, pero este, presuntamente, la condujo a un motel, al que la mujer se había negado a entrar. Desde el momento de suspensión, el caso de Faña también fue enviado al fiscal nacional con recomendación de expulsión sin que hasta el momento hayan respondido públicamente.
Miguel Gutiérrez Díaz
Otro de las situaciones fue la del aún diputado por Santiago, Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue apresado al llegar a Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional de drogas.
El legislador fue apresado el 18 de mayo y justo ese mismo día el partido de Gobierno señaló que cada ciudadano es responsable de sus actos y expresaron que como la organización partidaria a la que pertenecía el congresista tomarían acciones disciplinarias contra los miembros que quebranten sus principios.
Reiteramos que quien infrinja las normas institucionales y legales deberá asumir sus consecuencias personales en la justicia y enfrentarse además a un proceso disciplinario frente al partido que conllevaría su expulsión”, fue lo expuesto por la dirección partidaria al señalar que su caso también sería presentado ante el fiscal nacional.
Luis Maisichell Dicent
El más reciente caso de todos fue el del exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a quien el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción acusado de supuestamente estafar a múltiples consorcios y propietarios de bancas nacionales e internacionales en un sorteo fraudulento el sábado 1 de mayo.
Maisichell Dicent fue desvinculado el pasado 15 de junio, tres días antes de que se dictara la medida de coerción y aproximadamente un mes después de que fuera suspendido tras la “explosión” del escándalo.
De manera pública, fue recomendada la sanción del exadministrador de la Lotería y su caso enviado también al fiscal nacional, sin embargo aún con el imputado a punto de cumplir un mes de prisión, de los 12 que le corresponden en La Victoria, no ha salido una respuesta de esa entidad.
De acuerdo a sus estatutos, ¿qué es el fiscal nacional?
Los estatutos actuales del PRM señalan que en cada Consejo de Disciplina de los distintos niveles partidarios, en el país y en el exterior, existirá un fiscal y su respectivo suplente.
Según lo estipulado, al Fiscal Nacional lo designará la Comisión Política por recomendación de la Dirección Ejecutiva; a los demás fiscales los designarán los comités locales correspondientes.
Asimismo, son atribuciones de los fiscales recibir las denuncias presentadas por organismos, dirigentes y militantes del partido en su jurisdicción correspondiente.
Estos estatutos también establecen que los fiscales deben apoderar de los casos, en un plazo de 30 días, a los correspondientes presidentes y demás miembros de los Consejos de Disciplina de los organismos a que pertenecen los procesables, cuyos casos quedarán sin efecto de no presentarse acusación al término de dicho plazo.
“Es como un paralelismo al fiscal penal de la legislación ordinaria, se recibe una querella de un compañero que haya cometido una infracción que sea violatoria de los estatutos, entonces yo recibo esa querella, que la puedo recibir de manera directa por una persona que se queje o por las autoridades del partido…entonces yo los llamo a fines de conciliación para escuchar su parecer…pondero la acusación y si tiene los meritos entonces apodero al consejo disciplinario del partido, si no tienes los meritos suficientes entonces sencillamente las rechazo y ordeno que se archive”, argumentó Rodríguez que en los cinco años que lleva en el cargo ha sido apoderado de al menos ocho querellas.
Yamil Abreu
Otro caso que espera por sanción es el del extradito Yamil Abreu, también pedido por los Estados Unidos por su vinculación a una supuesta red de narcóticos entre República Dominicana y Estados Unidos.
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