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El Parlamento de Honduras aprueba una férrea enmienda de ley que blinda la prohibición del aborto e impide una futura reforma.

 


El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe, de manera absoluta y constitucional, el aborto en el país centroamericano.

Este proyecto denominado "Escudo contra el aborto en Honduras", que fue presentado por el vicepresidente del Poder Legislativo, Mario Alonso Pérez —del gobernante Partido Nacional—, fue aprobado en una sesión virtual del Parlamento, órgano unicameral de 128 diputados.

Tras la decisión, se reforma y blinda el artículo 67 de la Constitución. El texto rezaba: "Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley".

Ahora, con la reforma, quedó: "Al que está por nacer: se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción".

Además, se agregó que este artículo de la Constitución solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional y se indicó que "serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario".

Abortos inseguros

Honduras es uno de los pocos Estados que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro y en casos de malformación grave del feto.

De hecho, la legislación vigente ya prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

Según estimaciones de expertas de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay entre 51.000 y 82.000 abortos inseguros en Honduras por año. "Una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años", agregan.

Estas expertas muestran abiertamente su descontento con la reforma. "Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo", dijeron.

Asimismo, la Oxfam Honduras alertó que esta reforma colocará la salud de miles de mujeres en grave riesgo. "Muchos de estos embarazos no deseados o impuestos tienen una relación directa con la violencia y abuso sexual. En la mayoría de los casos, las víctimas no denuncian por temor ante sus abusadores y la ausencia de un sistema judicial que dé respuesta", agregan.

De acuerdo con Oxfam, continuar criminalizando a las mujeres transgrede los estándares internacionales en donde debería asegurarse el aborto, "al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas estén en riesgo y en casos de malformación fetal grave".

No se vale tanto odio"

La Plataforma Somos Muchas, una coalición de organizaciones y colectivos sociales de mujeres que lucha por el acceso a derechos sexuales y por la despenalización del aborto por tres causales en Honduras, considera que el proyecto es "una expresión del odio de una clase gobernante que vive cada vez más alejada de su pueblo".

"Llamamos a los legisladores a reflexionar sobre las implicaciones de este proyecto en términos de clausura democrática y de debate ciudadano. Solo están expresando el profundo desprecio de esta clase política hacia la vida de las mujeres", expresó Nessa Medina, activista e integrante de la organización.

Por su parte, el Centro de Estudios de la mujer de Honduras le pidió al Estado "prevenir embarazos no deseados, dejar de perseguir a las mujeres que abortan y legislar por el derecho a decidir".

Asimismo, el Centro de Derechos Reproductivos de Honduras afirmó que esta reforma también cuenta con amplio rechazo fuera del territorio hondureño. "El Parlamento Europeo pidió abstenerse de aprobarla", recuerdan.

Honduras tiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial en materia de derechos sexuales. La anticoncepción de emergencia está prohibida por el acuerdo ministerial 2744-2009, emitido meses después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

Rt 

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