“Esto no va a parar hasta el 20 de
enero”, dice con cierto humor, pero resignado y con preocupación, un
experimentado empresario extranjero con negocios en Cuba tras conocer la
inclusión en la lista negra de Washington del Banco Financiero Internacional (BFI),
uno de los principales del país que gestiona buena parte de las cuentas de las
compañías y hombres de negocios extranjeros y se ocupa de las transacciones
vinculadas a las empresas mixtas. Se trata de la última sanción de la
administración Trump para dañar la economía cubana antes de
marcharse. A esta, según reveló esta semana el periódico The New York
Times, podría sumarse en los próximos días otra todavía peor: la inclusión
de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Actualmente
integrada solo Corea del Norte, Irán y Siria, la lista conlleva duras sanciones
que podrían ser complejas de desmontar para la administración del demócrata Joe
Biden que ya ha anunciado que su Gobierno recuperará la política de
acercamiento a Cuba que impulsó Barack Obama.
El 20 de enero, día en el que Biden asumirá el
cargo de presidente de EE UU, se ha convertido en una fecha clave
para los sectores de la actual administración interesados en torpedear
cualquier acercamiento a Cuba. Desde hace meses, y más desde que Trump perdió
las elecciones, Washington ha iniciado una carrera frenética por dejar a Biden
el terreno lleno de obstáculos. En Cuba, en particular, han impuesto numerosas
sanciones que van desde prohibir a los norteamericanos alojarse en hoteles del
Estado a obligar al cierre de las más de 400 oficinas que la Western Union
tenía en la isla, un duro golpe a las remesas que
envían los emigrados. El objetivo es que cuando la nueva
administración de los primeros pasos para retomar el camino planteado por Obama
se encuentre con tantas minas que el paso será lento o impracticable.
El Gobierno cubano rechazó el viernes
la inclusión del BFI en la lista de empresas cubanas con las que los
norteamericanos tienen prohibido hacer transacciones y acusó a Washington de
“recrudecer el bloqueo” con el fin de aumentar el cerco financiero y asfixiar
al país. El argumento del secretario de Estado, Mike Pompeo, al
anunciar la medida, fue que el BFI está controlado por la corporación militar
GAESA, y que sus “operaciones benefician de manera desproporcionada a los
militares cubanos en lugar de a los empresarios independientes, fomentando la
represión del pueblo cubano y financiando la interferencia de Cuba en
Venezuela”. La misma justificación fue esgrimida para meter en la lista negra a
la financiera cubana FINCIMEX, que ocasionó el cierre de las oficinas de la
Western Union.
“Esta medida puede suponer a las
empresas y empresarios una gran dificultad, pues algunos bancos extranjeros con
los que operamos pueden temer ahora ser sancionados por Washington”, asegura un
hombre de negocios con una empresa establecida desde hace años en la isla. “Lo
único bueno es que a partir del 20 de enero todo esto cambiará”, zanja.
Biden ya ha dicho que acabará con la política de
hostilidad y sanciones de Trump y, aseguran los analistas, en
breve comenzará a levantar la maraña de medidas impuestas por su antecesor
durante estos cuatro años, como la restricción de las remesas, la prohibición
de vuelos directos y de los cruceros, el cierre del Consulado o la eliminación
del llamado “People to people”, la modalidad de viajes de “enriquecimiento
cultural” que la mayoría de los norteamericanos utilizaban para viajar a la
isla. Muchas de estas medidas pueden desmontarse con relativa rapidez, pero
otras, afirman expertos en las relaciones entre Cuba y EE UU, son más complejas
de levantar, como la de sacar a las empresas de GAESA de la lista negra de
Washington.
El New York Times publicó
esta semana una exclusiva en la que adelanta que Pompeo ha de decidir en los
próximos días si incluye a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Obama sacó a la isla de la lista en 2015, durante el proceso de
restablecimiento de relaciones diplomáticas. El diario norteamericano reveló
que la propuesta de devolver a Cuba a la lista partió de la Oficina de Asuntos
del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y no de su Oficina de
Contraterrorismo, que normalmente debería estar involucrada en tal medida.
Sería, pues, una decisión política, no una basada en el peligro real que
suponga Cuba para EE UU.
La designación como Estado
patrocinador del terrorismo puede desencadenar sanciones que incluyen
“restricciones a la ayuda exterior de Estados Unidos; una prohibición de las exportaciones
y ventas de defensa; ciertos controles sobre las exportaciones de artículos; y
diversas restricciones financieras y de otro tipo”, según el Departamento de
Estado.
“Poner a Cuba en la lista de países
terroristas en los últimos días de su mandato, obviando el riguroso proceso
interno que esto implica, enseña la falta de seriedad de esta administración y
es una nueva humillación a los profesionales que elaboran la política de
seguridad nacional de EE UU”, dijo en La Habana Joe García, exsecretario de
Energía de la administración Obama, quien se encuentra en la isla después de
haber apoyado y organizado el envío de un vuelo histórico con ayuda sanitaria
de Miami para el IPK, el principal instituto del Ministerio cubano de Salud
implicado en la lucha de la pandemia.
Según el excongresista demócrata, que
también fue director ejecutivo de la Fundación Cubanoamericana (la principal
organización del exilio, liderada por el fallecido Jorge Más
Canosa) y que defiende hoy el acercamiento a Cuba, este es momento
de construir puentes, no de levantar muros. Sobre la última sanción contra el
Banco Financiero Internacional, señaló que “está hecha con intención de dañar
en un momento clave, pero sin pensar en las consecuencias para ambos países y
en particular para al pueblo cubano, que es a quien dice beneficiar”. Según
García, un profundo conocedor de la comunidad cubanoamericana de EE UU, la
medida “sería risible y de politiquería barata si no tuviese consecuencias
directas para el pueblo de Cuba y los cubanos del sur de la Florida, que son
los que tendrán que buscar nuevas vías y pagar más caro para ayudar a sus
familias”.
Ambas medidas –aunque la de inclusión
de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo no es oficial–
generaron no solo el rechazo del Gobierno, sino también el de la diplomacia
europea. “En plena pandemia cualquier sanción es una barbaridad que demuestra
un nivel de enconamiento y odio que no tiene justificación”, aseguró el
embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro. Como Joe García,
Navarro piensa que estos momentos son “de construir puentes, no de
destruirlos”.
Elpais.com
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