El chef del presidente ruso, Vladímir Putin, embiste contra sus críticos. El heterogéneo empresario Yevgeny Prigozhin, considerado el restaurador favorito del Kremlin, propietario de varios restaurantes y de un boyante negocio de catering, está decidido a arruinar con demandas judiciales a destacados opositores como Alexéi Navalni, célebre por divulgar la corrupción de las élites rusas, y a los medios que les dan voz. Conocido en Occidente —y sancionado por la UE y Estados Unidos— por su vinculación con la compañía de mercenarios Wagner, detectada en Siria, Libia y Ucrania, y con las interferencias en las elecciones presidenciales de EE UU de 2016, el magnate culinario ha logrado así atenazar a sus enemigos.
Navalni, víctima de
un envenenamiento en Siberia este
verano del que responsabiliza directamente a Vladímir Putin, y su aliada Liubov
Sobol creen que las demandas de Prigozhin y otros oligarcas de la órbita del
Kremlin forman parte de una campaña sin tregua para silenciarles y apartarles
de la carrera política; también para atemorizar a la prensa independiente que
publica sus escándalos.
En el enésimo
capítulo, el empresario ha demandado a Navalni por vulneración de su dignidad y
daños al honor a causa de un tuit en el que el prominente opositor le llamó
“ladrón” y aseguró que había aumentado su fortuna “suministrando carne podrida
a guarderías y escuelas” del país. Prigozhin le exige cinco millones de rublos
(unos 55.000 euros) en daños emocionales. Y la misma cantidad a Liubov Sobol,
abogada y una de las opositoras con más empuje de Moscú, que llamó “imbécil de
los [años] 90 borracho de poder” al oligarca en una entrevista, en la que
también le acusó de “envenenar” a niños con los servicios de catering su
empresa de restauración.
Este nuevo proceso
judicial, reconoce Sobol, es otro golpe y un intento de “complicar” su trabajo.
“Buscan obstruir mis actividades y las de las personas que no tienen miedo a
decir la verdad”, dice rotunda la opositora, que enumera una retahíla de
detenciones y registros a su casa y sus oficinas en estos últimos años por
“acusaciones fabricadas” de Prigozhin y otros. Sobol ha enfrentado
demandas también de otras organizaciones que la acusaron de
alentar las protestas del verano pasado —multitudinarias
en la capital, Moscú, para exigir elecciones limpias— y de hacerles perder
ingresos.
De orígenes humildes
y con algún escarceo con delitos de poca monta, Prigozhin, de 59 años, empezó
su negocio vendiendo perritos calientes en San Petersburgo a principios de la
década de 1990, y aprovechó la turbulenta desintegración de la Unión Soviética
para pasarse a la gastronomía de alto nivel para la nueva élite rusa; entre
ellos Vladímir Putin, que empezaba a escalar en la Administración de la ciudad
del Nevá. El político y antiguo agente del KGB se convirtió en uno de sus
principales valedores. Ya en el cargo de presidente, Putin llevó a cenar a su
lujoso restaurante flotante en el río al entonces primer ministro de Japón,
Yoshiro Mori, o al presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
En 2003, proporcionó
el catering para el cumpleaños del líder ruso; de ahí brotó el apodo (irónico)
de chef de Putin. Desde entonces, el magnate no ha estado muy
lejos del Kremlin. Y, como marca el patrón habitual, le ha ido bien. Se ha
convertido en uno de los hombres más ricos del país. Concord Catering y sus
otras empresas lograron jugosos contratos estatales para proporcionar servicios
a bases militares y alimentar a soldados rusos; también a instituciones,
hospitales y colegios. De uno de esos concursos públicos nace su principal
escándalo en suelo ruso —y nutriente de sus innumerables demandas—, cuando
después de que 130 escolares enfermasen de disentería, un grupo de padres
demandó a la Administración de Moscú y a empresas de restauración que
vincularon con Prigozhin.
También Navalni,
Sobol y su organización contra la corrupción FBK alegaron en una de sus
investigaciones publicadas en Internet que el chef de Putin
estaba detrás del nefasto suceso. Prigozhin, que niega cualquier nexo con la
historia, demandó personalmente al prominente opositor. La compañía de catering
también les denunció por daño a su reputación empresarial y ganó el caso. Los
dos opositores y el FBK fueron condenados a pagar el equivalente a un millón de
euros en daños y perjuicios.
El pasado agosto,
cuando Navalni estaba en coma en un hospital de Berlín al que fue trasladado
tras ser atacado con una neurotoxina, las
autoridades rusas le congelaron las cuentas bancarias y prohibieron vender o
hipotecar su apartamento, ante las reclamaciones del magnate. También las de
Sobol han sido congeladas. “Tengo la intención de despojar a este grupo de
personas sin escrúpulos hasta de su ropa y sus zapatos”, dijo en ese momento el
oligarca, que se comprometió a perseguir al opositor si sobrevivía al
envenenamiento.
Navalni estuvo
hospitalizado 32 días y aún se recupera en Alemania del ataque con Novichok, un
agente tóxico que solo pudo producirse en un laboratorio gubernamental ruso,
que al menos tuvo que controlarla o destruirla. Un ataque que no pudo
realizarse sin conocimiento del Kremlin, sostiene la UE.
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