Jean Alain dejó contratos 'gratuitos' hasta 2023 con Julio Cury, Eduardo Jorge, Valentín Medrano y Martínez Hoepoelman, y rescindirlos costaría RD$20 millones.
Los documentos de estos cuatro contratos fueron
entregados a periodistas de Acento por fuentes del ámbito jurídico.
Los contratos fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez
Hoepelman, Julio Miguel Cury David (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín
Medrano Peña. Fueron firmados el 17 de marzo de 2020 y
concluyen el 31 de diciembre del año 2023.
Estos cuatro contratos generan interrogantes
para las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República,
debido a que los cuatro juristas contratados tomaron posición a favor del
anterior procurador, Jean Alaín Rodríguez, cuando éste, en reunión del Consejo
Nacional de la Magistratura, lanzó acusaciones contra la entonces jueza de la
Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, hoy Procuradora General de la
República.
Los contratos, que fueron suscritos por
separado por los cuatro juristas tienen las mismas bases y, en nombre de la
Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público
Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020.
El entonces Procurador General de la República,
Jean Alain García, le otorgó un "poder especial" al notario Rodríguez
Imbert para contratar a los cuatro notables abogados, con la finalidad de poder
enfrentar la objeción que hicieron 19 fiscales al "Concurso Interno para la Selección de
Titularidades" convocado por el Consejo Superior del
Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.
Los fiscales demandantes fueron Marlene
Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Yeni Berenice Reynoso Gómez, Wilson
Manuel Camacho Peralta, Julio Cesar Gómez Quintana, Yoneivy Alfredo González
Mueses, Luisa Fridania Liranzo Sánchez, Gladisleny Núñez Gómez, Johann Newton
López, Johanna Isabel Reyes Hernández, Wendy María Estrella Monsanto, Pedro
Inocencio Amador Espinosa, Fernán Josué Ramos Ramos, Sourelly Naihary Jaquez
Vialet, Juan Medina De Los Santos, Marinel Guillermina Brea Tejeda, Pedro José
Frías Morillo, Ernesto Guzmán Alberto, Melbin Romero Suazo.
Los fiscales interpusieron un recurso ante el
Tribunal Superior Administrativo, el 9 de marzo, y contaron con la representación
de los abogados Laura Acosta Lora, Nassef Perdomo Cordero y Cristóbal
Rodríguez.
Cada contrato indica que el contratista
(abogado) recibió poder representación ad-litem, "tan amplio y suficiente
como en derecho fuere necesario, a fin de que de manera gratuita, en nombre de
la entidad contratante (Procuraduría) y del Consejo Superior del Ministerio
Público, ejerza todas las gestiones, diligencias y actuaciones legales
necesarias…".
Asimismo, aunque el Artículo 2, referido a la
"Representación gratuita", reza que las partes convienen que la
representación legal que harán los abogados será "totalmente
gratuita", y resalta que la parte contratante no hará ningún pago por los
citados servicios, el Artículo 4, relativo a la "Cláusula penal",
deja claro que si la parte contratante decidiesen poner fin al contrato de
manera unilateral, estará obligada a pagarle al contratista (abogado) la suma
de 5 millones de pesos, a título de "indemnización
moral".
Ese mismo artículo explica que sin ese pago
efectivo y carta de descargo, la Procuraduría General y Consejo Superior del
Ministerio Público no podrán apoderar a otros abogados para la prestación de
los mismos servicios. Esta cláusula estaría amparada en la Ley sobre Honorarios
de Abogados, número 302.
Asimismo, cualquier modificación del contrato
deberá de hacerse "por mutuo acuerdo entre las partes"
Acento.com
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